El ejercicio ilegal de profesiones reguladas constituye una amenaza silenciosa que trasciende el engaño al paciente: compromete la salud pública, vulnera los controles del Estado y desacredita el trabajo de quienes cumplen con los requisitos legales. Un caso investigado en el Valle de Traslasierra, que próximamente será juzgado en los Tribunales de Villa Dolores, vuelve a poner el foco sobre un problema que afecta a todo el país.
La confianza es uno de los pilares sobre los que se construye cualquier profesión vinculada con la salud. Cada vez que una persona ingresa a un consultorio supone que quien la atiende posee la formación académica, la habilitación legal y los conocimientos necesarios para intervenir sobre su cuerpo. Cuando esa premisa se rompe, el daño puede ir mucho más allá de un tratamiento deficiente: se pone en juego la integridad física de los pacientes y se socava el sistema de control que protege a la sociedad.
El intrusismo profesional no es un fenómeno nuevo en Argentina. De manera periódica salen a la luz casos de personas que ejercen sin título habilitante o sin matrícula vigente profesiones que, por su impacto sobre la salud o la seguridad pública, requieren controles estrictos. Médicos, odontólogos, kinesiólogos, bioquímicos y mecánicos dentales forman parte de un amplio universo de actividades cuyo ejercicio está regulado precisamente para garantizar estándares mínimos de calidad y responsabilidad.
La matrícula profesional no constituye un simple trámite administrativo. Representa la certificación de que una persona acreditó los estudios exigidos por la ley y que se encuentra sometida al control del colegio profesional correspondiente, organismo que puede supervisar su desempeño y aplicar sanciones cuando corresponde.
Cuando alguien decide ejercer al margen de ese sistema, no sólo engaña a quienes buscan un servicio, sino que también elude toda fiscalización. El paciente queda entonces expuesto a prácticas cuya calidad, conocimientos técnicos y condiciones sanitarias resultan imposibles de verificar.
Un ejemplo que hoy ocupa a la Justicia cordobesa surgió en el Valle de Traslasierra y llegará próximamente a juicio en los Tribunales de Villa Dolores. Según informó el portal La Otra Mirada, la Fiscalía de Instrucción de Villa Cura Brochero concluyó la investigación contra José María Alanis, quien está acusado de haber ejercido presuntamente de manera ilegal como mecánico dental en una vivienda alquilada en esa localidad, donde habría instalado un consultorio.
De acuerdo con esa publicación, la investigación comenzó tras la denuncia presentada por uno de los pacientes que manifestó haber sido atendido por Alanis. A partir de ese hecho, la fiscal Analía Gallaratto impulsó distintas medidas destinadas a reunir pruebas sobre la actividad que presuntamente desarrollaba el imputado.
Siempre según la información difundida por La Otra Mirada, durante la investigación se determinó que Alanis, oriundo de Río Cuarto, no contaba con la matrícula habilitante otorgada por el Colegio de Odontólogos de Córdoba para desempeñarse como mecánico dental. Esa constatación dio sustento a la continuidad de la causa.
La investigación judicial también incorporó declaraciones de personas que habían sido pacientes del acusado y permitió el secuestro de numerosos instrumentos que, presuntamente, eran utilizados en el consultorio instalado en Villa Cura Brochero. Ese conjunto de elementos probatorios llevó a la Fiscalía a requerir la citación a juicio.
Como ocurre en todo proceso penal, la elevación de la causa no implica una declaración de culpabilidad. Será el tribunal competente el que, durante el juicio oral y público, valore las pruebas, escuche a las partes y determine si corresponde o no una condena.
Más allá del desenlace judicial, el caso vuelve a exponer la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y control. La verificación de la matrícula profesional, una práctica que muchas veces los pacientes pasan por alto, constituye una herramienta sencilla para evitar situaciones de riesgo. Los colegios profesionales disponen de registros que permiten corroborar si una persona se encuentra legalmente habilitada para ejercer.
El combate contra el intrusismo también requiere la participación activa de la comunidad. Las denuncias realizadas por pacientes o por profesionales suelen ser el punto de partida de investigaciones que permiten detectar actividades clandestinas antes de que provoquen consecuencias aún más graves.
La existencia de controles, colegios profesionales y requisitos de habilitación no responde a una lógica corporativa, sino a una necesidad de protección colectiva. Cuando alguien ejerce una profesión regulada sin autorización, la principal víctima no es únicamente el profesional legalmente matriculado, sino toda la sociedad, que deposita su confianza en un sistema pensado para garantizar que quienes intervienen sobre la salud de las personas estén realmente preparados para hacerlo.