La Legislatura de Córdoba sancionó por unanimidad una norma que incorpora nuevas herramientas administrativas y judiciales para actuar sobre búnkeres de venta de drogas, aguantaderos y edificios abandonados que representen un riesgo para la seguridad pública.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos, una normativa que permitirá al Estado intervenir inmuebles utilizados para la comercialización de drogas, actividades delictivas o que, por su estado de abandono, generen riesgos para la seguridad pública y la convivencia ciudadana.
La iniciativa fue sancionada durante la 11ª sesión ordinaria de 2026 del 148º período legislativo, presidida por la vicegobernadora Myrian Prunotto. Según se informó, se trata de la primera ley de estas características en el país.
La norma compatibiliza un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial con propuestas presentadas por los legisladores Oscar Agost Carreño y Oscar Saliba.
Entre las herramientas previstas figuran inspecciones, informes técnicos y medidas preventivas como clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, cerramientos, custodia y aseguramiento de inmuebles, respetando las competencias judiciales y el debido proceso.
Además, la ley designa al Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación general y establece que el Ministerio de Justicia y Trabajo coordinará los casos vinculados al microtráfico, con intervención de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
La normativa también crea una Unidad Interagencial integrada por organismos provinciales, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la FPA, municipios y comunas, además del Registro Provincial de Bienes Intervenidos para centralizar y administrar la información sobre los inmuebles alcanzados por el régimen.