La fiscal de Cámara María Eugenia Ferreyra solicitó 22 años de prisión para Roberto Clavero y 16 de reclusión para Analía Montenegro, en el marco del proceso judicial que se les sigue por los abusos sexuales en perjuicio de Antonella Ricci. La lectura de la sentencia podría darse la semana que viene.
Ferreyra considera al ex presidente de la CEMDO autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado, triplemente agravado por ser encargado de la guarda, por resultar un grave daño a la salud de la víctima y por aprovechamiento de la convivencia preexistente. Todo ello en concurso ideal, con promoción a la corrupción de menores continuada y agravada por la edad de la víctima.
A Montenegro se le achaca ser participe necesaria de los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado triplemente agravado por el vínculo, con promoción a la corrupción de menores y falso testimonio.
Clavero es defendido por el letrado Alejandro Pérez Moreno, mientras que Montenegro cuenta con los abogados Víctor Beracqua y Margarita Toscano. En tanto, Antonella es representada en la querella por German Romero Marcon y Emiliano Binante.
Esta causa que estuvo cajoneada más de 15 años y volvió a ver la luz en marzo de 2022, tras el empuje y voluntad de la propia víctima, quien asegura haber sido violada por su entonces padrastro, el ex líder de la Agrupación Lealtad, durante toda su infancia y adolescencia.
El otrora dirigente peronista se encuentra con prisión preventiva en la Unidad Penitenciaria N° 8. Mientras que Montenegro, madre de Antonella, ha atravesado el proceso judicial en libertad; pero por pedido de la Fiscalía de Cámara y de la querella, ahora tiene prisión domiciliaria al representar riesgo de fuga.
Falso testimonio
La fiscal Ferreyra efectuó un alegato que duró dos horas y media, tiempo en el cual se encargó de abordar todos los testimonios que obran en el expediente y los testimonios dados en forma presencial en la sala de audiencias. Hizo mención a todo aquello que hacía visible el daño sufrido por la víctima y las secuelas que tenía; también las veces en que quienes tuvieron que intervenir no lo hicieron.
“Con una base cronológica, fuimos viendo cómo había sido la vida de la víctima desde que su mamá comenzó a vivir con el imputado. La fiscal fue presentando cada prueba dada. En ese detalle de la vida de la víctima y de los imputados, enumeró los cargos que tuvo el acusado y fue precisa en este dato: al momento de la denuncia de abuso hecha por la madre en 2005, Clavero era el asesor del entonces diputado de la Nación Oscar González. Mostró otro cargo que tuvo, de interventor en La Cumbrecita, que llevaba la firma de José Manuel De La Sota, Juan Schiaretti, Alfonso Mosquera y Oscar González”, reveló la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, que ha tenido un rol fundamental en el acompañamiento de Antonella durante este tiempo.
A la vez, de acuerdo a lo consignado por la organización local, Ferreyra fue muy precisa al hablar de la nula contención familiar que ha tenido la víctima, largamente explicada por cada perito psicológica de las que testimoniaron en estas audiencias del juicio. Para la fiscal, la madre y los hermanos no la escucharon ni contuvieron.
Como cada hermano describió que vivían dentro de una familia “sin problemas” y “muy amorosa” durante el juicio, Ferreyra pidió acusar de falso testimonio a cuatro de los cinco hermanos de Antonella, fundamentando que sí sabían de los abusos del imputado y sobre el conocimiento de la madre en relación a los hechos.
La querella
En su alegato, el abogado querellante en lo civil, Emiliano Binante, desglosó en meses y cifras anuales una reparación económica para la víctima, por la gravedad de los hechos y los daños que han causado en ella.
“Reparación que avalamos porque en tantas ocasiones hemos asistido a víctimas que no tienen para pagar la terapia psicológica, tan necesaria para poder sobrevivir a hechos como este que nos convoca”, comunicó sobre el particular la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.
Por su parte, el abogado querellante Romero Marcón coincidió en todo lo que había alegado la fiscal Ferreyra, al tiempo que describió en su alegato otras particularidades de la prueba que evidencian la gravedad de los hechos. Además, tomó las conclusiones de una de las peritas psicológicas, la cual había expresado que “los abusos han sido crónicos y permanentes”.
La diferencia que planteó con la fiscal, fue en la condena que solicitó al Tribunal. En base a la gravedad del daño ocasionado a su representada y por el tiempo en que se extendieron los abusos, solicitó 35 años para cada imputado, porque consideró a la madre como “autora” del delito también, ya que el rol de protectora lo dejó de lado y no intervino para terminar con el abuso que se cometía sobre su hija. A la vez, coincidió con la fiscal en acusar de falso testimonio a los hermanos de Antonella y también a Montenegro.
Según detalló la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, Romero Marcón también solicitó que el Tribunal pida disculpas a Antonella por todo lo que sufrió en todo este tiempo, en donde la causa no avanzó desde la primera denuncia que fue en 2005.
La defensa de Montenegro
Al ser un juicio de instancia privada, la prensa no puede acceder a la sala de audiencias, pero se tuvo acceso a una reconstrucción de los alegatos por parte de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.
De ello surge que a la hora de la defensa, quien primero ejerció ese alegato fue el doctor Víctor Beracqua, que pidió al Tribunal, “en quien confía porque sabe”, que juzgue a su clienta Montenegro con perspectiva de género.
Beracqua cree firmemente que el Tribunal hará lo que corresponda y puso en duda el falso testimonio del que se acusa a los hermanos de Antonella y a su clienta. Fundamentó que Montenegro es inocente, porque “denunció cuando correspondía y después se retractó porque la niña se había retractado”.
Aludió que su patrocinada no siguió investigando o haciendo que se investigara, porque “Tribunales no hizo lo que correspondía, que era que un juez de menores actuara de oficio ante lo que ella había denunciado en 2005”, subrayó.
A su alegato le siguió el de la defensora Margarita Toscano, quien se encargó en detallar que Antonella podría haber sido pasible de manoseos, pero no de abuso sexual ultrajante como se ha escuchado en las audiencias y, aunque su tarea era defender a la madre de Antonella, se encargó de intentar desarmar que el delito que se ventilaba en la sala no era tal como se presentaba.
Pedido de absolución de Clavero
El último alegato estuvo a cargo del abogado defensor de Clavero, Alejandro Pérez Moreno. Su exposición fue calificada por él mismo como de una “defensa con tecnicismos”, en la cual puso de relieve cuestiones que en el juicio “se daban por hechas” y que intentó poner en duda.
“De esos tecnicismos podemos decir que tomó varias aseveraciones de la víctima y las desarmó con la negación que hicieron otros testigos que no avalaban los dichos de Antonella. Sólo que eligió las aseveraciones que dijeron los hermanos, los que han sido acusados de falso testimonio”, comentó al respecto la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra.
Además, se encargó de exponer a dos profesionales que tenían la matricula invalidada, por lo que puso en duda esos testimonios. Y se ajustó a exponer del expediente y los testimonios en sala de audiencias, todos los dichos sobre el abuso sexual “entre los 3 y 9 años”, para así decir que su defendido debía ser absuelto porque la causa había prescripto, razón por la cual argumentó asimismo que la demanda civil también estaba prescripta.
Después de todo lo que desarmó del testimonio de la víctima, sin decir en ningún momento que mentía o fabulaba, pero insinuándolo, también dijo: “No me meto con las víctimas. Soy muy respetuoso”. Y de ese modo terminó su alegato.