En Argentina, envejecer con dignidad parece cada vez más un privilegio y no un derecho. Los últimos datos de la Defensoría del Pueblo de Córdoba son un golpe a la conciencia colectiva: la jubilación mínima no alcanza ni para cubrir el 70% de las necesidades básicas de un adulto mayor. En el último mes, un jubilado nacional con haber mínimo recibió $355.820, mientras que la canasta básica para su subsistencia superó los $517.000. En seis meses, el poder de compra cayó casi cinco puntos. La brecha es cada vez más grande, y el deterioro, sostenido.
La explicación es tan sencilla como cruel: mientras los precios de medicamentos, alimentos y servicios se ajustan por encima de la inflación, los ingresos de los jubilados suben apenas un 10%, y el bono de $70.000 de ANSES permanece congelado desde marzo del año pasado. Así, cada ajuste es apenas un paliativo, y cada mes representa un nuevo retroceso.
La política parece cómoda con este modelo de ajuste silencioso: no se recorta, se licúa. No se toca el haber nominal, pero se permite que los precios corran muy por delante, y que la inflación haga el trabajo sucio de reducir prestaciones. El resultado es que muchos jubilados ya están por debajo de la línea de pobreza, como alertó la propia Defensoría.
La promesa del sistema previsional fue siempre garantizar un retiro digno después de una vida de trabajo. Hoy, esa promesa está hecha trizas. No se trata únicamente de cifras: detrás de cada porcentaje perdido hay miles de historias de adultos mayores que deben elegir entre medicamentos y alimentos, entre calefaccionarse o pagar la luz. La Argentina que pretende cuidar a sus mayores no puede seguir tolerando que la vejez sea sinónimo de carencia.
• El Ciudadano