La denuncia por una posible sustracción de una recién nacida destapó un caso rodeado de abusos y riesgo social extremo.
La Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierra denunció un caso que conmociona a la región: la posible sustracción de una recién nacida en un contexto de extrema vulnerabilidad en Villa Dolores.
La denuncia fue radicada en la Unidad Judicial de la capital del Departamento San Javier, luego de una espera de más de cinco horas por parte de los referentes de la Comisión, quienes advirtieron demoras y falta de reacción ante la gravedad del hecho en esa instancia.
Según información a la que tuvo acceso El Ciudadano, el caso involucra a una joven con discapacidad que dio a luz una niña, tras un embarazo producto de una violación. La madre ya había sufrido abusos desde los 12 años, y aunque su primer abusador está detenido, la gestación fue consecuencia de una violación posterior perpetrada por otro hombre.
Pese a que se evaluó la posibilidad de un aborto legal dada la situación de discapacidad y del embarazo consecuencia de un ultraje, la mujer decidió continuar con la maternidad y fue asistida por el Hospital Regional y el SENAF.
Fuentes de la Comisión señalan que existe información que da indicios de un posible intento de sustracción de la bebé, lo que motivó la decisión de hacer público el caso y de efectivizar la denuncia. Ello surgió luego de que Derechos Humanos fuera alertado sobre el particular por agentes de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Dolores.
La madre, en condiciones de alta vulnerabilidad social, familiar y económica, no posee certificado de discapacidad, por lo que tampoco se ha podido evaluar oficialmente su capacidad para ejercer la maternidad. Actualmente, una vecina bondadosa se ofreció a dar cobijo a ambas: madre e hija.
La Justicia de Villa Dolores interviene con hermetismo, tomando testimoniales y tratando de esclarecer el entorno que podría estar involucrado en un eventual intento de apropiación.
Este caso vuelve a interpelar el rol del Estado en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos donde la articulación institucional es clave para prevenir vulneraciones graves.