Álvaro Aparicio Díaz y su esposa, Carolina Laura Cannes, son juzgados por delitos que incluyen trata laboral y abusos sexuales. La investigación comenzó en 2020, tras el desmantelamiento de la denominada Fundación Académica Sêshen en San Lorenzo.
Una investigación que comenzó en Traslasierra en marzo de 2020 ingresó en una etapa decisiva: el juicio oral contra Álvaro Aparicio Díaz y su esposa, Carolina Laura Cannes, acusados en una causa que incluye delitos de trata laboral y abusos sexuales.
Aparicio Díaz, quien también se hacía llamar Ahú Sari Merek, negó los hechos al iniciarse el debate y sostuvo que la causa había sido armada en contra de él y de su pareja. Ambos llegaron en libertad a esta instancia judicial, luego de haber permanecido detenidos durante parte de la investigación.
El expediente se originó tras un megaoperativo realizado en San Lorenzo, en el Valle de Traslasierra, donde fue desarticulada la denominada Fundación Académica Sêshen. La causa tiene once personas denunciantes consideradas víctimas.
La investigación se inició en la Justicia provincial y posteriormente pasó al fuero federal. La fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Verónica Gallaratto, había elevado el expediente a juicio. Más adelante, el juez de Control José María Estigarribia resolvió su remisión a la Justicia federal.
Según la investigación, Aparicio y Cannes captaban a personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad emocional. Él se presentaba como especialista en conocimientos vinculados con la denominada ciencia egipcia y ofrecía cursos, viajes y propuestas de formación relacionadas con la meditación y supuestos saberes terapéuticos.
Los peritajes realizados durante la instrucción ubicaron a la Fundación Sêshen dentro de la línea de los grupos de abuso o manipulación psicológica y analizaron mecanismos de persuasión coercitiva en las dinámicas de captación.
El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Enrique Lilljedahl, María Noel Costa y José Fabián Asís. La acusación está a cargo del fiscal Carlos Casas Noblega.
El debate permitirá ahora examinar las pruebas reunidas durante años y determinar las responsabilidades penales de los acusados.