Este 18 de septiembre se cumplirán ocho años de la desaparición de la adolescente de 14 años en La Paz. La causa penal continúa sin esclarecer qué ocurrió con ella y la familia mantiene su reclamo de justicia. En paralelo, la Justicia Civil debe resolver la apelación presentada por la Provincia y la familia. Organizaciones de Derechos Humanos convocaron a acompañar a sus familiares en Tribunales.
El 18 de septiembre de 2018, Delia Gerónimo Polijo salió de la escuela y comenzó a caminar hacia su casa. Tenía 14 años. Vivía en el paraje rural Pasaje La Guarida, a unos seis kilómetros de la localidad de La Paz, en el Valle de Traslasierra. Ese trayecto cotidiano terminó convirtiéndose en el punto de partida de una investigación que, a casi ocho años, todavía no consiguió determinar dónde está la adolescente ni qué ocurrió con ella.
Aquel día, las clases en el IPEM N.º 137 terminaron dos horas antes de lo habitual debido a una jornada institucional. Delia emprendió el regreso a pie. Su hermano, que habitualmente iba a buscarla en motocicleta, llegó a la escuela en el horario acostumbrado y descubrió que ya no estaba.
La adolescente alcanzó a recorrer aproximadamente cinco kilómetros. Una cámara de seguridad de la única estación de servicio de La Paz registró su paso y también hubo testimonios de vecinos que señalaron haberla visto en inmediaciones de la curva del hipódromo. Cuando faltaban unos 500 metros para llegar a su vivienda, se perdió su rastro.
Durante los primeros rastrillajes fueron encontrados algunos elementos vinculados con ella: una gomita para el pelo, un par de aros y una cadenita que había comprado para utilizar en una fiesta prevista para esa noche.
Desde entonces, no hubo una respuesta definitiva.
Una investigación cuestionada
La causa penal atravesó distintos momentos y quedó marcada por cuestionamientos de la familia y de organizaciones de Derechos Humanos vinculados con la marcha de la investigación, las pruebas y los cambios de fiscales.
Una de las principales líneas de investigación surgió en diciembre de 2018, cuando la pareja de Mauro Martínez, un vecino de la zona de 27 años, lo denunció por violencia de género.
Durante una discusión, según declaró la mujer, Martínez la amenazó y mencionó a Delia al decir que podía matarla y arrojarla a un pozo, “como hice con la boliviana”. La declaración llamó la atención de los investigadores porque podía vincular al hombre con la desaparición de la adolescente y abrió una de las hipótesis centrales de la causa.
En la vivienda de Martínez apareció además una cadenita perteneciente a Delia. Poco después, cuando los investigadores fueron a buscarlo para detenerlo, el hombre fue encontrado muerto, ahorcado.
Su muerte dejó sin posibilidad de interrogarlo a quien había quedado ubicado como principal sospechoso y mantuvo abiertos numerosos interrogantes.
La querella sostiene una hipótesis según la cual Delia habría sido secuestrada, sometida a abusos sexuales y posteriormente asesinada, con una eventual participación de otras personas. El cuerpo de la adolescente nunca fue encontrado.
Estos planteos corresponden a la querella y no constituyen, por sí mismos, hechos judicialmente acreditados.
El reclamo contra la Provincia
Mientras la causa penal continúa sin esclarecer el destino de Delia, sus padres, Mario Gerónimo y Modesta Polijo, impulsaron una demanda civil contra la Provincia de Córdoba.
El planteo se vinculó con la actuación de la institución educativa el día de la desaparición. En mayo de 2025, la jueza Sandra Cuneo hizo lugar al reclamo familiar y consideró que la escuela había incumplido el protocolo al permitir que los estudiantes se retiraran antes de horario sin comunicarlo a sus familias. La magistrada condenó a la Provincia a pagar una indemnización por daño moral.
El fallo fue apelado por ambas partes. La Provincia sostuvo que la desaparición constituyó un hecho provocado por un tercero y ajeno a su ámbito de control. La familia, por su parte, cuestionó los montos establecidos y reclamó que se reconociera de manera autónoma el daño psicológico.
En julio de 2026, la Cámara Civil de Villa Dolores decidió postergar durante 60 días la resolución del expediente debido a su complejidad. Para este mes septiembre, ese plazo ubica al caso nuevamente ante una posible definición judicial.
Ocho años después
A pocos días del octavo aniversario de la desaparición, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra difundió un comunicado en el que expresó tristeza, indignación y acompañamiento a la familia.
La organización cuestionó el desarrollo de la investigación y planteó interrogantes sobre la actuación del Poder Judicial durante estos años.
La fecha tendrá así un significado particular. A ocho años de aquel último trayecto de Delia hacia su casa, la búsqueda continúa activa en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el reclamo permanece presente en Traslasierra.
Modesta Polijo sostuvo desde el comienzo que continuará reclamando justicia por su hija. Esa frase, repetida a lo largo de los años, resume una espera que no terminó: saber qué pasó con Delia, encontrarla y determinar las responsabilidades que correspondan.
Este viernes 18 de septiembre, familiares y organizaciones convocaron a concentrarse frente a Tribunales de Villa Dolores. Será una nueva jornada de reclamo para una pregunta que, después de ocho años, permanece abierta: ¿qué pasó con Delia Gerónimo Polijo?
• Por Mauro Tello