Las actoras civiles presentaron demandas contra el exlegislador Oscar González y contra el Superior Gobierno de Córdoba. El reclamo conjunto ronda los $ 11.776 millones y todavía deberá ser analizado por la Justicia.
Las consecuencias económicas del siniestro de las Altas Cumbres también forman parte del proceso judicial contra el exlegislador provincial Oscar González. En paralelo a la discusión penal por la muerte de Alejandra Bengoa y las graves lesiones sufridas por las sobrevivientes, las actoras civiles presentaron demandas indemnizatorias contra el acusado y contra el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.
De acuerdo con la información incorporada al expediente y con los datos proporcionados por la defensa a la prensa, el reclamo económico conjunto asciende a aproximadamente 11.776 millones de pesos, una cifra equivalente a unos 7,7 millones de dólares, tomando como referencia el tipo de cambio oficial informado al 8 de septiembre.
El monto corresponde a la pretensión total de las tres demandantes. La información disponible no individualiza las identidades de cada una ni precisa cuánto reclama cada parte de manera particular.
La cifra, además, podría incrementarse eventualmente con los intereses desde el momento del siniestro, ocurrido el 29 de octubre de 2022, y con las costas judiciales. Desde la defensa de González sostienen que esos conceptos podrían elevar de manera considerable el monto final si prosperaran. Sin embargo, se trata por ahora de una proyección y no de una suma fijada por una resolución judicial.
Un aspecto central es que el dinero reclamado no constituye una indemnización concedida. Se trata de una pretensión formulada por las actoras civiles, que deberá ser analizada por la Justicia a partir de los fundamentos, las pruebas y la documentación incorporada al expediente.
La magnitud del planteo adquiere relevancia pública debido a que una de las partes demandadas es el Estado provincial. En caso de una eventual condena civil, la resolución podría involucrar recursos públicos.
Desde la defensa del exlegislador calificaron el reclamo como “desproporcionado” y adelantaron que cuestionarán tanto los montos pretendidos como los elementos utilizados para justificarlos.
La definición quedará ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si corresponde otorgar una reparación económica y, en ese caso, establecer su alcance y monto.