Tras diez audiencias, el debate por la tragedia de las Altas Cumbres dejó atrás los testimonios y las pericias. La Fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones el 8 de septiembre y la defensa lo hará el 28. En el centro de la discusión estará la calificación del hecho: culpa o dolo eventual. El fallo podría llegar en octubre.
El juicio contra Oscar González entra en su tramo decisivo. Después de diez audiencias en los Tribunales de Villa Dolores, más de un mes de testimonios, pericias y reconstrucciones, la discusión empieza a abandonar la escena del accidente para concentrarse en una pregunta que será determinante: qué responsabilidad penal tuvo el exlegislador en la muerte de Alejandra Bengoa y en las graves lesiones sufridas por Marina Szulewicz y Alexa Miranda.
La tragedia ocurrió el 29 de octubre de 2022, sobre el Camino de las Altas Cumbres. El BMW conducido por González chocó contra el Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, sus hijas Marina y Alexa. Alejandra murió y las dos adolescentes resultaron gravemente heridas. Alexa quedó con una discapacidad permanente como consecuencia del impacto.
González llega a esta instancia acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Esa es la acusación que mantiene la fiscal de Cámara, Analía Gallaratto, y que también sostiene la defensa. La querella, en cambio, pretende llevar el caso a una figura penal mucho más grave: homicidio simple con dolo eventual.
La diferencia no es semántica. En el primer caso se atribuye una conducta imprudente o negligente que produjo un resultado fatal, sin que se considere que el conductor haya aceptado ese resultado. En el dolo eventual, en cambio, la acusación sostiene que quien actuó se representó la posibilidad de provocar un resultado mortal y continuó adelante asumiendo ese riesgo.
Durante la última audiencia, la querella formalizó ese pedido y enumeró los elementos que, a su criterio, surgieron del debate para demostrar una conducción imprudente y temeraria. Entre ellos aparecen las maniobras previas al choque, la velocidad, la invasión del carril contrario y los distintos elementos incorporados durante las pericias accidentológicas.
La fiscal Gallaratto rechazó el cambio. Su posición fue que las pruebas producidas durante el juicio no modificaron sustancialmente lo que ya había sido establecido durante la investigación. Por eso, entiende que no existen razones para pasar de una acusación por culpa a otra basada en dolo eventual.
La defensa coincidió con la Fiscalía y mantiene una posición más contundente: reclama la absolución de González y sostiene que la responsabilidad por el choque correspondió a Bengoa. Durante el debate, sus abogados procuraron poner el foco en el sobrepaso que el Sandero habría realizado poco antes del impacto y en distintos aspectos de la reconstrucción del siniestro.
En ese punto, una de las pruebas centrales fue la pericia accidentológica. El especialista oficial Ramiro Ojeda ubicó el impacto completamente sobre el carril por el que circulaba Bengoa y estimó una velocidad cercana a los 90 kilómetros por hora para el Sandero y de 89,42 kilómetros por hora para el BMW. La querella, a través del perito Fabián Gallardo, complementó esa reconstrucción y sostuvo que González venía realizando una maniobra de corte de curvas.
Pero el juicio no se limitó a determinar dónde y cómo chocaron los vehículos. Las últimas audiencias incorporaron otra dimensión: las consecuencias que la tragedia dejó sobre las víctimas y sus familias.
Marina, Alexa y sus familiares describieron ante el tribunal cómo la muerte de Alejandra y las lesiones sufridas por las jóvenes modificaron sus vidas. Profesionales que intervinieron en los tratamientos psicológicos expusieron además las secuelas que permanecen en las sobrevivientes.
El médico Diego Uberti detalló las necesidades de rehabilitación de Alexa. Explicó que actualmente requiere varias sesiones semanales y que el tratamiento representa un costo mensual cercano a los 2,1 millones de pesos. También describió la necesidad de equipamiento específico, asistencia permanente y adaptaciones en la vivienda.
La etapa testimonial dejó además una discusión sobre la asistencia médica inmediatamente posterior al choque. El médico Andrés Díaz había declarado que solicitó el traslado urgente de las adolescentes y que el helicóptero sanitario provincial no estaba operativo. En la última audiencia, Julio Bañuelos aportó otra versión sobre las gestiones realizadas para conseguir esa aeronave y relató que se le informó que acondicionarla demandaría unas dos horas. La médica, según Bañuelos, optó entonces por el traslado terrestre debido a la urgencia.
También quedó incorporada la discusión económica. El perito contador oficial Marcelo Pedernera Esquivel explicó que no podía establecer con precisión determinados gastos reclamados por las víctimas porque no contaba con facturas incorporadas al expediente y advirtió las dificultades para proyectar costos futuros en un contexto económico cambiante. La defensa cuestionó además el monto reclamado por la parte civil.
Ahora todo ese material deberá ser convertido en argumentos.
El 8 de septiembre comenzarán los alegatos de la Fiscalía y la querella. Allí cada parte deberá explicar qué lectura hace de la prueba y qué decisión pretende del tribunal. El 28 de septiembre será el turno de la defensa.
Después quedará la última palabra en manos del juez Santiago Camogli. Si se mantiene el cronograma previsto, el veredicto podría conocerse a mediados o hacia fines de octubre.
Para entonces, después de cuatro años de la tragedia, el tribunal deberá responder el interrogante que atraviesa todo el proceso: si lo ocurrido en aquella curva de las Altas Cumbres fue consecuencia de una conducción imprudente o si, como sostiene la querella, González asumió el riesgo de provocar un desenlace fatal. Esa diferencia definirá el destino judicial del exlegislador.