La Provincia de Córdoba sancionó a entidades financieras por más de 386 millones de pesos luego de detectar incumplimientos vinculados a fraudes electrónicos que afectaron a usuarios. La investigación reveló problemas en la prevención de operaciones sospechosas, la información brindada a clientes y la atención de reclamos.
Durante los últimos años, las estafas digitales dejaron de ser un fenómeno aislado para convertirse en una de las principales preocupaciones de quienes utilizan servicios financieros electrónicos. Transferencias, compras online y operaciones mediante aplicaciones bancarias o billeteras virtuales forman parte de la vida cotidiana de millones de personas, pero también abrieron nuevas puertas para los ciberdelincuentes.
En ese contexto, la Dirección General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba aplicó sanciones económicas por un total de $386.204.804,30 a distintas entidades financieras tras detectar incumplimientos relacionados con casos de fraude virtual que afectaron a usuarios cordobeses.
La medida se tomó luego de una investigación en la que el organismo provincial analizó denuncias presentadas por consumidores que sufrieron perjuicios económicos a partir de maniobras digitales. Según se informó, las entidades no habrían cumplido con los estándares de seguridad exigidos para las operaciones electrónicas ni brindado respuestas adecuadas frente a los reclamos realizados por las personas afectadas.
Entre los aspectos observados figuraron deficiencias en la información proporcionada a los usuarios, demoras en la atención de reclamos y falta de herramientas suficientes para detectar movimientos considerados sospechosos.
La normativa del Banco Central de la República Argentina establece que las entidades deben contar con mecanismos destinados a identificar posibles fraudes, realizar análisis de riesgo y aplicar medidas preventivas acordes al nivel de exposición de cada operación.
Las sanciones alcanzaron a entidades como Banco Galicia, Banco Macro, Banco Santander, Banco Supervielle, Tarjeta Naranja y Prisma Medios de Pago (Visa), entre otras instituciones alcanzadas por el proceso administrativo.
Además de las multas, la Dirección de Defensa del Consumidor inició una investigación de oficio que involucra a bancos y billeteras virtuales que operan dentro del territorio provincial. El objetivo es que las empresas presenten sus planes de mitigación de riesgos, los sistemas utilizados para detectar fraudes y las medidas adicionales incorporadas para proteger a los usuarios.
El avance de estas investigaciones refleja un escenario en el que la seguridad digital se convirtió en un aspecto central dentro del sistema financiero. Mientras las herramientas tecnológicas facilitan operaciones más rápidas y accesibles, también exigen mayores niveles de prevención y respuesta frente a nuevas modalidades delictivas.
Desde el organismo provincial remarcaron la importancia de que los usuarios mantengan hábitos de cuidado frente a posibles engaños. Entre las recomendaciones figuran no compartir claves ni códigos de verificación, evitar responder llamadas o videollamadas de desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos y no permitir que terceros accedan a dispositivos personales para configurar aplicaciones bancarias o de mensajería.
Ante una situación sospechosa, los consumidores pueden realizar reclamos ante la Dirección General de Defensa del Consumidor mediante los canales presenciales y digitales habilitados.
El desafío hacia adelante será encontrar un equilibrio entre la expansión de los servicios financieros digitales y la necesidad de garantizar que la tecnología avance acompañada por sistemas de protección capaces de responder ante un problema que afecta cada vez a más usuarios.