La iniciativa presentada por Alejandra Torres, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo propone un registro nacional, microchip obligatorio, licencia para los propietarios, seguro de responsabilidad civil y penas de hasta ocho años ante lesiones graves o muertes provocadas por negligencia.
Tras el fallo judicial que condenó a prisión a los responsables de los perros que provocaron la muerte de una adolescente de 15 años en Córdoba, diputados nacionales cordobeses de Provincias Unidas presentaron un proyecto para establecer un régimen nacional de tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.
La iniciativa, encabezada por Alejandra Torres y acompañada por Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, propone crear el Registro Nacional de Perros Potencialmente Peligrosos (RENAPPP). El proyecto establece que los animales alcanzados por la regulación deberán ser inscriptos e identificados mediante un microchip subcutáneo antes de cumplir cuatro meses.
Entre las principales exigencias aparece una Licencia Administrativa Local para los propietarios. Para obtenerla deberán acreditar aptitud psicológica, no registrar antecedentes penales violentos y contratar un seguro de responsabilidad civil destinado a cubrir eventuales daños materiales y corporales ocasionados a terceros.
La propuesta también plantea modificaciones al Código Penal. Según el texto difundido, se incorporarían las figuras de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas para situaciones en las que la negligencia en la guarda del animal provoque consecuencias graves, con penas de cumplimiento efectivo de hasta ocho años.
Además, se propone incorporar una figura de peligro abstracto para sancionar penalmente a quienes dejen sueltos a estos animales en la vía pública, aun cuando no se produzca un daño concreto. El proyecto contempla, asimismo, multas vinculadas al precio del combustible para evitar su desactualización.
Torres señaló que la iniciativa no busca ir “en contra de los animales”, sino establecer medidas relacionadas con el cuidado y el compromiso de sus propietarios. Según la diputada, el objetivo es establecer un marco nacional que contemple responsabilidades penales, administrativas y civiles.
El proyecto toma como referencia el denominado caso Trinidad y busca llevar al ámbito nacional una regulación sobre una materia que ya cuenta con antecedentes normativos en distintas jurisdicciones.