La Comunidad Regional de San Alberto enfrenta un grave cuestionamiento tras revelarse que una ambulancia, adquirida con fondos públicos durante la gestión de Mariano Ceballos, jamás fue entregada. A pesar de las versiones contradictorias sobre la transacción, lo cierto es que la unidad nunca estuvo disponible para el servicio. Se presentó una denuncia por presunta estafa, mientras la comunidad exige explicaciones claras sobre el destino de los recursos destinados a este vital servicio.
La Comunidad Regional del Departamento San Alberto está en el centro de una polémica tras conocerse que una ambulancia adquirida durante la gestión de Mariano Ceballos, actual legislador de Córdoba, nunca fue entregada. El hecho ha llevado a las autoridades actuales, encabezadas por Sandro Atala, intendente de Ámbul, a avanzar en la presentación de una denuncia formal por presunta estafa.
La adquisición bajo sospecha
Según fuentes calificadas, durante la presidencia de Mariano Ceballos en la Comunidad Regional se habría destinado una suma significativa de dinero para la compra de una ambulancia. Sin embargo, las circunstancias exactas de la transacción presentan contradicciones. Algunas versiones indican que se adquirió una camioneta Toyota Hilux que sería adaptada como ambulancia. Otras sostienen que la unidad fue comprada completamente equipada. A pesar de las discrepancias, ambos relatos coinciden en un punto crucial: la unidad nunca llegó a manos de la Comunidad Regional ni estuvo disponible para prestar servicios.
Este vacío ha generado serios interrogantes sobre el destino de los fondos públicos utilizados para la transacción, así como sobre la transparencia de los procedimientos administrativos llevados a cabo en aquella gestión. El caso ha causado revuelo en el ámbito político regional, donde la comunidad exige explicaciones claras.
Las declaraciones de Mariano Ceballos
En comunicación con Radio Verdad, el legislador Mariano Ceballos ofreció su versión de los hechos. “Gestionamos una nueva ambulancia porque nos manejamos con la del 107, y las nueve localidades aportamos para que se lleve a cabo el servicio, que incluye los traslados por las Altas Cumbres,” declaró Ceballos. Además, recordó que durante una visita del gobernador Martín Llaryora, se le asignaron 60 millones de pesos para la compra.
Según el legislador, con esos fondos se adquirió una camioneta Toyota Hilux, seleccionada por su capacidad para llegar rápidamente a zonas de difícil acceso, como los balnearios serranos. Posteriormente, se contrató a una empresa para adaptar el vehículo y equiparlo como ambulancia. Sin embargo, la empresa incumplió el contrato. “Le pagamos por adelantado 28 millones de pesos para que acondicionara la unidad, pero hasta el día de hoy no cumplió con lo pactado,” afirmó.
Ceballos aseguró que ante esta situación, se presentó una denuncia por estafa e incumplimiento contractual contra la empresa responsable. “Iniciamos acciones legales para que se haga justicia y podamos contar con el servicio tan necesario para nuestra región,” agregó.
Impacto político y social
El caso ha puesto en el ojo de la tormenta la gestión de los recursos públicos y ha generado indignación entre los habitantes del Departamento San Alberto. La ambulancia no solo simboliza un recurso vital para la atención médica de emergencias, sino también la confianza de la comunidad en sus dirigentes. La falta de respuestas claras y la demora en resolver el problema han intensificado las críticas hacia las administraciones implicadas.
La comunidad exige una pronta resolución que garantice la transparencia y el uso responsable de los fondos destinados a la salud pública. El caso plantea una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Dónde está la ambulancia? Mientras se esclarecen los hechos, el Departamento San Alberto sigue sin el recurso esencial por el que se destinó una importante suma de dinero.