La llegada de plataformas como DIDI al transporte de pasajeros en Villa Dolores modificó el paisaje urbano y social de la ciudad. Mientras los vecinos encuentran tarifas más accesibles y nuevas formas de moverse, los taxistas denuncian competencia desleal, controles laxos y un sistema que se desmorona. La reciente regulación municipal convive con una crisis profunda en el servicio tradicional de taxis, revelando fallas estructurales, desactualización de registros y una falta de control que pone en jaque a todo el sistema.
Por las calles de Villa Dolores ya no circulan solo taxis. También lo hacen autos contratados por plataformas digitales como DIDI, una aplicación que, desde el celular, permite al usuario contratar un viaje por una tarifa que, en muchos casos, resulta considerablemente más baja que la de un taxi tradicional. Esta nueva forma de transporte llegó para quedarse e instaló una nueva dinámica urbana que enfrenta a usuarios, taxistas y autoridades ante una realidad compleja.
La irrupción de estas apps no fue improvisada. El pasado 13 de mayo, el Concejo Deliberante local sancionó una ordenanza que regula el servicio de transporte mediante plataformas digitales, creando un Registro Municipal de Propietarios, Vehículos y Choferes, bajo la órbita de la Dirección de Transporte y con apoyo de Seguridad Ciudadana y Tránsito. La norma establece condiciones estrictas para poder prestar el servicio: los vehículos deben tener menos de diez años de antigüedad, pasar una inspección técnica cada cuatro meses, contar con seguro, aire acondicionado, baúl amplio y estar identificados con un sticker oficial. Los choferes, por su parte, deben presentar certificados de antecedentes penales, constancia de inscripción fiscal y licencia profesional. Los viajes deben ser solicitados exclusivamente a través de la app y deben poder acreditarse mostrando la pantalla activa con los datos del conductor, del pasajero y del destino.
A pesar del marco legal, los conflictos no tardaron en aflorar. Desde el sector tradicional de taxis, las críticas son directas: denuncian que los requisitos no se cumplen, que no hay controles eficaces y que los choferes de DIDI operan sin supervisión real. “Hay choferes que no están habilitados, que no conocen la ciudad o que incluso han sido vistos conduciendo en estado de ebriedad los fines de semana”, afirma un taxista que lleva años en la actividad. “Nosotros tenemos que estar en regla y mantener el vehículo. Y ellos, ¿qué control tienen?”, se pregunta.
Mientras tanto, los usuarios parecen haber encontrado en las aplicaciones una solución a medida. Con un solo clic y un precio menor, consiguen transporte rápido y con opciones de pago electrónico. “La diferencia en precio es considerable”, comenta una vecina, al tiempo que añade: “Y muchas veces es más fácil conseguir un DIDI que un taxi en ciertas horas del día”. Otro dato no menor: algunos taxistas también están prestando servicio por medio de la aplicación, lo que confirma que la frontera entre ambas modalidades comienza a diluirse.
En medio de esta transformación, el servicio de taxis vive su propia crisis. Semanas atrás, el Concejo Deliberante aprobó un pedido de informe dirigido al Departamento Ejecutivo Municipal, para que brinde detalles sobre la situación real del sistema de taxis en la ciudad. Fue el concejal Rodrigo Murúa Samper quien, con datos alarmantes en mano, advirtió sobre la profundidad del problema: de los 153 taxis registrados oficialmente, solo 32 estarían en condiciones de prestar servicio bajo los requisitos vigentes. Y de esos, nueve son modelo 2015, por lo que en enero de 2026 quedarán fuera del sistema si no son renovados.
Aún más grave, Murúa Samper denunció que en el registro municipal aparecen como titulares de licencias personas ya fallecidas, lo que pone en duda la integridad de los registros y evidencia la falta de control institucional. “Hay un amplio caudal de irregularidades”, expresó en la sesión. De acuerdo a su exposición, la administración del sistema de taxis es deficiente y eso repercute directamente en la calidad del servicio que recibe el ciudadano.
Los vecinos no son ajenos a esta realidad. Las quejas por el mal estado de algunos vehículos y la dificultad para conseguir unidades en ciertos horarios son constantes. En ese vacío es donde las plataformas digitales encontraron su oportunidad: satisfacer una demanda desatendida por un sistema obsoleto y desorganizado.
Desde la Municipalidad, sin embargo, la implementación de la ordenanza todavía no ha logrado traducirse en un control efectivo. La letra de la norma parece clara y detallada, pero su aplicación se enfrenta a una estructura con escaso poder de fiscalización.
Frente a este escenario, el sistema de transporte de Villa Dolores se encuentra en una encrucijada. La llegada de las aplicaciones digitales supone una modernización necesaria, pero también un desafío para garantizar condiciones de seguridad, equidad y legalidad. Por otro lado, el sistema tradicional de taxis enfrenta una crisis que no se resolverá únicamente con regulaciones, sino con decisiones estructurales y una gestión transparente.
El debate ya no puede reducirse a la competencia entre taxis y DIDI. La discusión de fondo es cómo construir un sistema de transporte que combine innovación tecnológica, regulación justa y control efectivo, sin dejar atrás a quienes fueron parte de la estructura durante décadas. La ciudad ya se mueve de otra manera; ahora, las instituciones deberán moverse al ritmo de esa transformación. Porque si el Estado no se pone al volante, el caos terminará conduciendo solo.