La Cámara de Villa Dolores denegó la suspensión del proceso a prueba solicitada por la hija del dirigente Roberto Clavero. Aunque la damnificada aceptó los $2 millones ofrecidos como reparación, el tribunal consideró que la postura defensiva sobre la existencia del delito era incompatible con el beneficio.
La causa por las presuntas amenazas contra María Eugenia Ferreyra, quien se desempeñaba como fiscal al momento del episodio, continuará su trámite judicial tras el rechazo de la suspensión del juicio a prueba solicitada por Rocío del Cielo Clavero Montenegro. La resolución fue dictada el 15 de octubre por la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, mediante el Auto N.º 236.
La defensa, ejercida por el abogado Thor Rodolfo Sittoni, había ofrecido una reparación económica de $2 millones para la damnificada y la realización de tareas comunitarias en una institución de bien público cercana al domicilio de la imputada, en la zona de Canning, provincia de Buenos Aires.
Durante la audiencia, Ferreyra aceptó el ofrecimiento económico y manifestó que consideraba viable la aplicación del instituto. Explicó que el episodio le había provocado angustia y expresó su expectativa de que la imputada comprendiera la importancia del respeto hacia las personas y la autoridad que ella ejercía en el marco de sus funciones.
La fiscal de Cámara Ana Agustina Milstain también reconoció inicialmente que se cumplían varios de los requisitos legales para conceder el beneficio, entre ellos la escala penal prevista para el delito imputado y la ausencia de antecedentes penales computables. Sin embargo, objetó la postura asumida por la defensa respecto de los hechos.
El abogado había sostenido en su presentación que las expresiones atribuidas a su representada constituían un desahogo emocional y que no reunían las condiciones necesarias para configurar el delito de amenazas. Durante la audiencia, aclaró que desistía de esa reserva si prosperaba la suspensión del proceso.
El tribunal, presidido por Raúl Castro, consideró que esa postura no permitía alcanzar el consenso mínimo exigido por la jurisprudencia para conceder la probation y resolvió rechazar la solicitud. La decisión no implica una declaración de culpabilidad: la imputación deberá discutirse en la instancia de juicio.
Un episodio en los Tribunales
El hecho investigado ocurrió el 10 de mayo de 2024, en los pasillos de los Tribunales de Villa Dolores, después de que se conociera el veredicto condenatorio contra Roberto Clavero y Analía Montenegro. Según la acusación, Rocío Clavero habría proferido amenazas contra Ferreyra mientras familiares y allegados se retiraban del edificio bajo custodia policial.
La defensa cuestionó la tipicidad de las expresiones atribuidas a la joven y señaló que uno de los policías que intervino en el operativo había declarado no haber escuchado amenazas. Esos argumentos, sin embargo, no fueron resueltos en cuanto al fondo por el Auto N.º 236, que se limitó a examinar la procedencia de la suspensión del proceso a prueba.
Las condenas que precedieron al episodio
Aquel 10 de mayo de 2024, el tribunal integrado por los jueces Santiago Camogli, Carlos Escudero y Facundo Gil condenó a Roberto Clavero, ex presidente de la cooperativa CEMDO y dirigente justicialista, a 28 años de prisión por delitos sexuales cometidos en perjuicio de su hijastra.
Analía Montenegro, madre de la víctima y exesposa del dirigente, recibió una pena de 16 años de prisión por su participación en los delitos sexuales y por falso testimonio. La sentencia también estableció una condena civil solidaria de $119.223.423,15 en concepto de capital, a favor de la víctima, sin incluir intereses y otros conceptos contemplados en el fallo.
El proceso tuvo una fuerte repercusión en Traslasierra. La denuncia original de Antonella Ricci había sido presentada en 2005 y, según la postura de la víctima, permaneció paralizada durante más de 17 años. Clavero estaba detenido desde marzo de 2022.
La lectura de aquellas condenas estuvo seguida por el episodio que originó la causa contra Rocío Clavero. Ahora, tras el rechazo de la salida alternativa, el expediente deberá continuar su trámite hacia el juicio, donde se analizarán las pruebas y la responsabilidad penal que eventualmente pudiera corresponderle a la imputada.
• Por Mauro Tello