Las víctimas del choque fatal de 2022 y sus familiares se presentaron ante la Justicia Federal para ampliar una denuncia por presunta evasión fiscal y lavado de activos. La querella busca conocer el origen de los fondos destinados a cubrir los tratamientos médicos de las personas afectadas.
Las víctimas de la tragedia vial ocurrida en el Camino de las Altas Cumbres en octubre de 2022 y sus familiares acudieron el martes a los Tribunales Federales de Córdoba para ampliar una denuncia contra el exlegislador Oscar González. La presentación apunta a que se investigue su patrimonio y el posible origen irregular de los fondos utilizados para afrontar gastos médicos y tratamientos derivados del siniestro.
La iniciativa se enmarca en una denuncia por presunta evasión fiscal y lavado de activos. Según explicó el abogado querellante Romero Marcón en declaraciones al programa Ahora Noticias, de Canal 10, las familias no cuentan con documentación que les permita identificar quién paga la asistencia de las personas afectadas ni de dónde provienen los recursos.
«¿Quién paga las cuentas? No lo sabemos. No hay recibo, no hay constancia de nada», sostuvo el letrado al describir la falta de información sobre esos desembolsos.
Entre las situaciones señaladas se encuentra la de Alexa Miranda, una de las jóvenes que sufrió graves lesiones en el choque al punto tal de quedar parapléjica y que, según lo expuesto por el abogado, necesitará atención médica durante toda su vida.
El reclamo por los bienes y los gastos futuros
Marcón indicó que, al comienzo del juicio provincial, González se había presentado como jubilado y había manifestado que no tenía bienes propios. Frente a ese antecedente, la querella considera necesario conocer con precisión su situación patrimonial y determinar si existen elementos que justifiquen una investigación sobre el origen de los recursos.
El abogado explicó que la información que se obtenga también podría ser utilizada en el proceso judicial provincial. En ese sentido, señaló que la presentación ante el fuero federal busca poner en conocimiento de la Justicia la posible existencia de maniobras de evasión fiscal.
El planteo se vincula, además, con el reclamo civil por las consecuencias del siniestro. Según Marcón, la demanda se ubicó originalmente en torno a los 11.000 millones de pesos y contempla los gastos futuros derivados de las lesiones y sus secuelas.
La presentación busca, en definitiva, esclarecer la situación patrimonial del exlegislador y conocer el origen de los fondos destinados a cubrir las necesidades médicas de las víctimas. Las presuntas irregularidades planteadas deberán ser analizadas por la Justicia.