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Por una deuda de dinero, invitó a cenar a un inversor, lo asesinó y desmembró: recibió 14 años de prisión

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje determinó que Ángel Fernando Villada mató a Raúl Federico Oliva, uno de los principales inversores de la mesa de dinero que administraba. Los fundamentos de la sentencia establecieron que el móvil fue una importante deuda económica que el condenado no podía devolver.

La deuda económica que mantenía con uno de los principales inversores de su mesa de dinero fue el motivo por el cual el comerciante Ángel Fernando Villada asesinó a Raúl Federico Oliva. Así lo estableció la Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje al fundamentar la condena a 14 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego.

La Sentencia n.° 245 dictada por el tribunal presidido por el camarista Ángel Francisco Andreu, reconstruyó tanto la relación financiera entre ambos como las circunstancias en las que se produjo el crimen.

Según los fundamentos, en febrero de 2025 Villada invitó a Oliva a cenar en un local comercial que tenía en La Falda. Para concretar el encuentro sin testigos, organizó que el único empleado que trabajaba en esa dependencia prestara servicios en Cruz del Eje. De esa manera, quedó a solas con la víctima y le disparó.

Después del asesinato, desmembró el cuerpo, colocó los restos en bolsas de consorcio y los arrojó en un camino rural.

Una mesa de dinero con problemas de liquidez

La investigación estableció que Villada desarrollaba actividades de intermediación financiera. Recibía dinero de particulares a cambio de intereses superiores a los ofrecidos por las entidades bancarias y también realizaba operaciones de cambio de moneda extranjera.

Oliva era uno de los principales aportantes de esa estructura desde 2022.

Sin embargo, entre 2023 y 2024 comenzó a producirse un denominado «descalce estructural» entre el capital invertido y los recursos disponibles para responder a las obligaciones asumidas. La mesa de dinero registraba un déficit constante de caja y Villada carecía de liquidez inmediata.

En ese escenario, los inversores comenzaron a reclamar la devolución de sus capitales, especialmente Oliva.

El tribunal reconoció que no pudo determinarse el monto exacto de la deuda, aunque consideró probado que existía una obligación pendiente de una magnitud razonablemente significativa.

«Si bien no se pudo determinar la cantidad, sí se probó que había una deuda no saldada, que se presume razonablemente significativa», expresó el vocal Andreu en los fundamentos.

La planificación del crimen y las pruebas

La sentencia también reconstruyó las maniobras posteriores al homicidio. Para evitar los registros de las cámaras de seguridad, Villada trasladó la camioneta de Oliva hasta la ciudad de Córdoba por un camino alternativo, sin peajes, y la dejó estacionada en un lugar elegido al azar.

Luego regresó utilizando taxis y remises, aunque no volvió directamente a La Falda.

Entre los elementos valorados por los magistrados se destacó que el propio Villada tomó la iniciativa para organizar la cena, preparó las condiciones para permanecer a solas con la víctima y condujo su vehículo por un recorrido inusual. También conservó las llaves de la camioneta sin informar a su propietario.

A esto se sumaron los registros de impactos telefónicos que ubicaron al acusado en la zona donde fueron descartados los restos de Oliva.

La Cámara también consideró que Villada tenía interés en la desaparición de una computadora y un teléfono celular pertenecientes a la víctima, dispositivos que contenían información sobre sus movimientos económicos.

Al cerrar el análisis probatorio, el tribunal vinculó directamente el móvil del homicidio con la deuda que el comerciante mantenía con uno de sus principales inversores.

«Fue quien, por la actividad financiera que esencialmente los unía, tenía un motivo para provocar el crimen, al mantener una deuda importante que la víctima insistentemente reclamaba y que no honró por el descalce estructural de la mesa de dinero», concluyó la sentencia.

La resolución estableció así que el conflicto económico estuvo detrás de un homicidio planificado, por el cual Villada recibió una pena de 14 años de prisión.