La inflación del primer mes de 2022 rozó el 4% mensual y el precio de la comida creció por encima del 5%. Así, se suman evidencias de que los controles de precios de los alimentos, intensificados en octubre del año pasado, no dan resultados.
En reacción al fracaso, el Gobierno de la Nación anunció que estaba analizando crear una empresa pública de alimentos. La idea es intermediar entre los productores y los consumidores para contar con una herramienta adicional de contención de la suba de precios de los comestibles.
Si bien la inflación es un fenómeno multicausal, no todas las causas tienen la misma gravitación. En el contexto actual, el principal generador de inflación son los excesos de emisión monetaria.
El déficit fiscal alto lleva a imprimir dinero por encima de lo que la gente está dispuesta a conservar. Tal exceso presiona sobre los precios.
Por eso lo más efectivo para controlar la inflación en alimentos es moderar el déficit fiscal. Para ello hay muchas cosas por hacer, pero la más urgente es rever los subsidios económicos.
Según datos del Ministerio de Economía consignados por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), los subsidios económicos tienen una incidencia decisiva sobre las finanzas públicas: representan un 3,4% del Producto Bruto Interno.
Cuando se habla de subsidios, estos no se vinculan únicamente a los sociales, tales como la Asignación Universal por Hijo; sino que debe considerarse todo el espectro, incluyendo los vinculados a los servicios públicos y empresas del Estado.
En este sentido, es clave considerar que el Estado Nacional está subsidiando los precios de los servicios de luz, transporte y agua del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con fondos federales, que son los que pagan con sus impuestos todo el país.
Así es como las provincias contribuyen a subsidiar los congelamientos de AMBA y, al mismo tiempo, se produce una enorme inequidad por la cual el interior del país paga bastante más de luz, colectivo y agua que la principal urbe del país.
Paralelamente, en base a los datos oficiales difundidos por IDESA, por cada $1 que se destina a la Asignación Universal por Hijo que administra el Estado, se asignan $2 a las empresas públicas nacionales. Si se consideraran otros privilegios que tienen las empresas públicas, como no pagar todos los impuestos, el monto es todavía mayor.
En este contexto, reducir los subsidios es prioritario porque, tal como postula IDESA, es la vía más rápida para moderar el exceso monetario que genera inflación, con alimentos cada vez más costosos.
Por eso, el proyecto de crear una empresa pública de alimentos no va a solucionar la problemática de los precios elevados y en constante crecimiento; al contrario, incrementará las presiones inflacionarias por el altísimo monto dinerario que se requerirá para cubrir su funcionamiento.
El Ciudadano
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