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La educación argentina enfrenta las alertas de PISA 2025

Los resultados de PISA 2025 deberían sacudirnos. Ocho de cada diez estudiantes argentinos no alcanzan el nivel mínimo en Matemática y casi seis de cada diez quedan por debajo de ese umbral en Lectura y Ciencias. En Traslasierra, donde la escuela sigue siendo una de las principales herramientas de igualdad, mirar para otro lado también es una decisión.

Hay estadísticas que no deberían pasar como una noticia más.

Que el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcance el nivel mínimo de Matemática no es apenas un porcentaje. Detrás de ese número hay chicos que tendrán dificultades para resolver problemas cotidianos, continuar estudios, acceder a determinados empleos o desenvolverse con autonomía en una sociedad cada vez más compleja.

Y cuando el 59% no alcanza el nivel mínimo en Lectura y Ciencias, la preocupación deja de ser sectorial. Estamos frente a un problema que compromete el futuro.

Traslasierra no está al margen de esta realidad.

No tenemos razones para suponer que nuestra región constituye una isla educativa dentro de la Argentina. Pero tampoco debemos caer en el error contrario: mirar los resultados nacionales como si fueran una sentencia sobre nuestras escuelas. La discusión que corresponde es otra. Tenemos que preguntarnos cuánto están aprendiendo nuestros niños y adolescentes, cuáles son las dificultades que encuentran nuestros docentes y qué estamos haciendo, desde cada comunidad, para acompañarlos.

Porque aquí conocemos el valor de la escuela.

En pueblos y ciudades de Traslasierra, la escuela muchas veces es mucho más que un edificio donde se dictan clases. Es un espacio de encuentro, contención, formación y oportunidades. Para numerosas familias representa la posibilidad de que sus hijos tengan acceso a herramientas que difícilmente encontrarían en otro ámbito.

Precisamente por eso no podemos conformarnos.

La educación no puede convertirse en una disputa permanente entre gobiernos que se culpan unos a otros por lo ocurrido antes. Los resultados de PISA 2025 muestran retrocesos respecto de 2022, pero también una trayectoria que viene de mucho antes. El problema trasciende a una administración y exige una política que sobreviva a los cambios políticos.

Hace falta discutir qué enseñamos, cómo enseñamos y qué esperamos que nuestros estudiantes sepan hacer al terminar cada etapa.

Y hay otro desafío que ya golpea las puertas de las aulas: la inteligencia artificial. Más de la mitad de los estudiantes argentinos utiliza chatbots para ayudarse a aprender al menos una vez por semana. Prohibir la realidad no parece una estrategia. Tampoco entregar el aprendizaje a una pantalla.

La respuesta debe estar en la educación.

Hay que enseñar a utilizar la tecnología, pero también a desconfiar de ella cuando corresponda. A buscar información, pero también a verificarla. A utilizar inteligencia artificial, pero sin renunciar al esfuerzo intelectual. A resolver un problema sin pedirle siempre a una máquina que lo haga por nosotros.

También debemos recuperar algo que ninguna tecnología puede sustituir: la atención.

Si una parte importante de los alumnos reconoce distracciones frecuentes provocadas por dispositivos digitales durante las clases, la escuela tiene que encontrar un equilibrio. El celular puede ser una herramienta; nunca debería convertirse en el protagonista.

Desde Traslasierra debemos reclamar una educación que no se resigne a administrar dificultades.

Necesitamos docentes acompañados, estudiantes escuchados, familias involucradas y políticas educativas sostenidas. Necesitamos medir resultados, reconocer avances y corregir aquello que no funciona. Y necesitamos hacerlo sin miedo a admitir que hay problemas.

Porque reconocerlos no significa desprestigiar a nuestra escuela. Significa defenderla.

Nuestros chicos no necesitan discursos sobre el futuro. Necesitan herramientas para construirlo.

Y cada año que pasa sin garantizar aprendizajes fundamentales es una oportunidad que no vuelve.

La educación puede esperar un anuncio político.

Nuestros hijos, no.

• El Ciudadano