Lo que invierten la Nación y las provincias en planes asistenciales alcanzaría para eliminar la pobreza. El principal factor que explica que esto no ocurra es la muy baja calidad de la gestión pública.
Para asistir a miles de hogares argentinos, la Nación administra varios programas asistenciales, tales como la Asignación Universal por Hijo, la Tarjeta Alimentaria y el programa Potenciar Trabajo. Además, las provincias y municipios, por su parte, financian planes similares para las mismas familias vulnerables.
En este marco, existe una superposición de programas nacionales, provinciales y municipales, que demandan gastos administrativos, en empleados públicos y en comisiones bancarias, lo que resulta ser muy oneroso para el Estado.
Además, en este contexto, mucho dinero “se pierde” en la intermediación que suelen efectuar organizaciones políticas, como así también en la muy precaria gestión y control de los planes sociales.
Consecuentemente, los pobres resultan ser los perdedores y los ganadores son aquellos que se aprovechan de las necesidades de la gente.
Para dimensionar el esfuerzo que el Estado argentino hace en planes asistenciales, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) comparó, en un reciente informe, el monto dinerario que se necesitaría para terminar con la pobreza con lo que el Estado gasta en asistencialismo.
En este sentido, procesando datos del INDEC y el Ministerio de Economía referidos al 1° trimestre del 2022, se observa que para terminar con la pobreza de ingresos se necesitan unos $140 mil millones mensuales.
Mientras que el gasto en la AUH y los planes del Ministerio de Desarrollo Social ascendió, en el mismo período, a $90 mil millones mensuales; en tanto, el gasto asistencial de las provincias trepó a unos $30 mil millones mensuales.
Estos datos muestran que, sumando el gasto asistencial nacional y provincial, se llega a un monto bastante cercano a lo que se necesitaría para que cada hogar pobre deje de serlo.
Tal como sostiene IDESA, este ejercicio comparativo da una idea de la malísima administración y gestión de los recursos públicos. Esto agiganta aún más, ante la opinión pública, la idea de inutilidad de los gobernantes de turno y el manto de corrupción que los envuelve.