La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra denunció que numerosos casos de menores y mujeres que sufrieron abuso sexual terminan prescribiendo por inacción de la Justicia local. La organización expuso tres casos puntuales de violación, alertando sobre esta dramática realidad. “Lamentablemente nos vemos obligados a intervenir ante la falta de Justicia para este tipo de víctimas; que insistimos, sabemos que son muchas y que muchos de esos casos literalmente ‘duermen’ en los despachos judiciales”, esgrimo DDHH.
La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra y el abogado Germán Romero Marcon informaron que se presentó un escrito ante el fiscal de Cámara de Villa Dolores, Sergio Cuello, en el cual se denuncia que numerosos casos de menores y mujeres que sufrieron abuso sexual terminan prescribiendo porque la indagatoria no se realiza.
Con tres casos, ejemplificaron que esto está sucediendo y solicitaron que se investigue por qué motivo se ha permitido que el tiempo pase sin que se hayan dado los pasos necesarios para llegar a juicios, donde se determine la culpa o no de los denunciados.
“Se presentaron tres casos, pero creemos que hay muchas más personas que sufrieron lo que aquí se expone”, comunicó la Mesa de Trabajo y completó: “Hemos comprobado que las víctimas requieren de asistencia psicológica para poder sobrellevar sus vidas después de semejante agresión, mientras que los victimarios caminan libremente las mismas calles y se permiten burlarse y amedrentar a quienes los denunciaron, amparándose en la impunidad que el mismo Poder judicial les da”.
En el escrito presentado, que además se enviará por mail a Fiscalía General de Córdoba, se subraya “la obligación de no dejar prescribir todas aquellas causas que sean de orden público, máxime cuando se encuentran en juego víctimas de delitos aberrantes, como son los abusos deshonestos gravemente ultrajantes para la salud de la víctima; los que dicho sea de paso, se producen en demasía en nuestra zona, por una cuestión de mala cultura que está lamentablemente radicada entre nosotros y que debemos ayudar a concientizar en que ello no continúe pasando”.
Caso 1
La ciudadana VG concurrió a DDHH a exponer que fue víctima de un supuesto abuso por parte de dos hombres en zona rural y en presencia y participación de otros sujetos, en el año 2004. Sufrió un grave e irreparable daño en su salud psíquica, conforme las notas de su psiquiatra.
La denuncia fue radicada el 27 de octubre de 2015 en la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores y, según DDHH, aún a la víctima no se la ha escuchado, corriendo los plazos de prescripción para los supuestos autores, que de seguir así habrán de quedar impunes y sobreseídos por prescripción.
Para la organización es “el peor de los sobreseimientos que puede darse, puesto que el imputado recibe un auto de corte liberatorio, del proceso que se le ha formado, so inoperancia judicial y no por falta de pruebas, ni duda razonable, ni por una defensa legítima y eficaz, producido dentro del juego armonioso del debido proceso penal, que permite encontrar a cada uno de los actores en igualdad de posiciones; todo lo contrario, ocurre cuando se produce un sobreseimiento por prescripción, puesto que a la víctima, se la vuelve a ‘revictimizar’, por actuar exclusivo de la desidia de los operadores del sistema”.
Caso 2
La ciudadana TM concurrió a DDHH a exponer que fue víctima de un supuesto abuso por parte de un familiar cercano y con acceso directo, y que de ello claramente resultó un daño psicológico para su salud mental; además de haber sido abusada en reiteradas oportunidades y en diferentes tiempos espaciales por él.
La denuncia fue radicada en la sede de la Fiscalía de Segunda Nominación de Villa Dolores. Y según consigna la organización de acuerdo a lo informado por personal de la Fiscalía, la denuncia está extraviada desde hace más de dos años.
“No resiste análisis alguno a esta altura de los tiempos (año 2022), donde cuentan con todos los medios tecnológicos y materiales para que ello no ocurra. Y, que en caso excepcional de que así ocurriera, no pueden tardar tanto en reconstruir las actuaciones que conforman el expediente. Al momento TM no fue llamada a declarar y continúa esperando que la Justicia se despierte y le dé respuestas, como supuesta víctima de un delito de acción pública, siendo obligación de la Fiscalía velar por sus intereses, cosa que a la fecha continúa incumpliendo”, se recala.
Caso 3
La ciudadana Lucía Bártoli denunció públicamente que fue abusada desde los 10 hasta los 12 años en Las Rabonas, por un familiar directo y con acceso a la familia, creándole ello un grave perjuicio en su salud psíquica, todo lo cual manifestó y aporto ante el personal policial de Villa Dolores, cuando al fin pudo testificar y denunciarlo, a sus 24 años.
“La causa fue derivada a la Fiscalía de Cura Brochero y allí, sin más, prescribió por la inacción del Estado, representada en manos de la autoridad fiscal. ¿Qué más decir de ello? Esto último es consecuencia de una Justicia acéfala, de una Justicia que no tiene empatía y que no actúa a tiempo y por ende, no repara el daño causado (status quo), sino más bien lo agrava”, esgrime la Mesa de Trabajo.
Exigencia
DDHH solicita que se lleve a cabo un relevamiento de los procesos denunciados y de todos aquellos que se encuentren en un largo lapso de prolongación e inactividad tal, que puedan llegar a perimir y por ende prescribir la acción penal por inactividad procesal.
De corroborarse la inactividad procesal, exigen aplicar las sanciones administrativas pertinentes y dar las instrucciones del caso para que ello no ocurra en lo sucesivo.
“Lamentablemente nos vemos obligados a intervenir en interés social y ante la falta de Justicia para este tipo de víctimas; que insistimos, sabemos que son muchas y que muchos de esos casos literalmente ‘duermen’ en los despachos judiciales”, concluye DDHH.
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