Argentina es el segundo exportador mundial de miel y el tercer productor, con un volumen anual cercano a las 75.000 toneladas. Sin embargo, ese lugar de privilegio en el comercio internacional se encuentra amenazado por una práctica que crece silenciosamente en el mercado interno: la venta de productos que simulan ser miel, pero en realidad son jarabes con azúcar, glucosa o aditivos no permitidos.
El Código Alimentario Argentino es claro: sólo puede llamarse miel al “producto dulce elaborado por abejas”. No obstante, en muchas góndolas del país se comercializan frascos con etiquetas engañosas que incluyen la palabra “miel” cuando en realidad no lo son. Esto representa un fraude legal, económico y sanitario, que pone en riesgo tanto al consumidor como a la reputación del país como productor confiable.
Mientras tanto, muchos apicultores argentinos trabajan en el desarrollo de mieles multiflorales en bosques nativos, con prácticas sostenibles que aportan valor agregado. Esos esfuerzos se ven opacados por la competencia desleal de quienes venden sucedáneos más baratos y sin trazabilidad.
Según consigna el periodista Lucas Torsiglieri en Bichos de Campo, un estudio en Europa detectó que el 46% de la miel importada estaba adulterada, lo que encendió alarmas e impulsó medidas más estrictas. En Estados Unidos, el Congreso analiza la “Ley de Integridad de la Miel”, que incluye controles más rigurosos y la destrucción de productos fraudulentos.
En Argentina no hace falta una nueva legislación: basta con hacer cumplir las normas vigentes. El mercado internacional, cada vez más exigente, representa una gran oportunidad para el país. Pero para sostener esa confianza, es fundamental actuar con firmeza contra las mieles truchas.