La Cámara del Crimen y Correccional de Tribunales de Villa Dolores condenó a Rosa Aida Murúa, exempleada administrativa de la Municipalidad de San Javier y Yacanto, a dos años y seis meses de prisión en ejecución condicional. También se le impuso la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos tras ser hallada culpable como coautora de defraudación agravada contra la administración pública.
La mujer, de 61 años, admitió que llevaba comprobantes de pago a su domicilio que nunca eran registrados en el sistema municipal, hechos que ocurrieron entre 2011 y 2016 durante la gestión del exintendente Alejandro Bustos. La exempleada fue despedida en 2017.
La Justicia descubrió un total 935 recibos fraudulentos que afectaron las finanzas municipales. Murúa aceptó su responsabilidad, pero la investigación apenas comienza a desentramar una red de irregularidades en la gestión de Bustos, quien será juzgado por separado en el futuro.
Implicaciones legales y conexiones familiares
El caso se complicó aún más cuando, durante la audiencia, se reveló que el abogado querellante, Rodrigo Murúa Samper, concejal de Villa Dolores por el oficialismo, tenía un vínculo familiar con la condenada. Por tal motivo, sus antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Disciplina para investigar un posible prevaricato, ya que dicha relación no fue informada previamente.
Mientras tanto, Bustos espera la fecha de su juicio, enfrentando cargos por defraudación calificada y administración fraudulenta. Las acusaciones se centran en el presunto desvío de fondos municipales por más de 500 mil pesos, en complicidad con la exempleada Murúa, a través de la emisión de recibos falsos que nunca impactaron en el sistema contable del Municipio.
Las investigaciones también señalan que, en la construcción de un polideportivo en 2013, Bustos gestionó créditos que superaron los 6 millones de pesos, pero una parte de esos fondos habría sido malversada.
Más irregularidades durante la gestión de Bustos
Otra causa que se investiga está relacionada con el mal uso de fondos provinciales del programa FODEMEEP, destinados al mantenimiento de escuelas. Entre 2014 y 2016, Bustos habría administrado de manera irregular más de 423 mil pesos que no fueron debidamente rendidos. Este hecho, sumado a las otras denuncias de corrupción, ha generado gran preocupación entre los vecinos de San Javier y Yacanto, quienes exigen justicia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
La magnitud de las acusaciones pone en jaque la gestión pasada del exintendente y ha causado un impacto significativo en la región. Mientras tanto, se espera que las investigaciones avancen para esclarecer todos los hechos y que los responsables enfrenten las consecuencias legales.
• Crédito foto: Radio Verdad.