El debate sobre los aumentos impositivos volvió a intensificarse entre las Rurales del Arco Noroeste de Córdoba y el Gobierno provincial, a raíz de la propuesta de actualización del impuesto inmobiliario rural y otros gravámenes. El cruce, que se registró en los últimos días, refleja las diferencias de criterio sobre cómo abordar la presión fiscal sobre el sector agropecuario.
Los representantes de las entidades rurales, varias de ellas de Traslasierra, expresaron su alarma ante lo que consideran una inminente suba impositiva, que podría promulgarse en los próximos días. «Nos encontramos en estado de alerta y movilizados por la posible suba impositiva que el gobierno provincial estaría a punto de promulgar», advirtieron los ruralistas. En su comunicado, señalaron que, a pesar de los reclamos persistentes por la eliminación de impuestos como las retenciones y el IVA, el Gobierno parece estar a punto de aplicar un «impuestazo» al sector agropecuario, lo que generó gran malestar.
Los ruralistas cuestionaron la contradicción entre los anuncios del Gobierno provincial, que promueve la eliminación de tributos, y las decisiones que tomarían respecto a la actualización de los impuestos. En su escrito, las entidades recordaron las históricas denuncias sobre la carga fiscal, destacando que la presión impositiva sobre los productores agropecuarios incluye impuestos nacionales, como las retenciones (DEX), además del IVA y el impuesto al crédito y débito. También mencionaron la problemática de las guías de hacienda y los impuestos municipales y comunales, que, según ellos, no corresponden a los servicios prestados.
El comunicado también alertó sobre un posible incremento en el impuesto inmobiliario rural y el canon de agua para producciones con riego, lo que sería, según las entidades rurales, un paso más en un modelo económico agotado. En este contexto, pidieron al gobernador de Córdoba Martín Llaryora que la gestión eficiente de los recursos implique «estructuras y proyectos con presupuestos lógicos y resultados más allá de las fotos», rechazando el aumento de impuestos que, en su opinión, solo empeorarían la situación del sector.
Frente a este panorama, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, respondió a las acusaciones de las entidades rurales, aclarando que lo que se está proponiendo no es un aumento impositivo, sino una «actualización» de los tributos, basada en la inflación mayorista desde la sanción del presupuesto 2024 en noviembre del año anterior hasta la sanción del presupuesto 2025. Según Busso, esta actualización es necesaria para mantener la operatividad de los consorcios camineros, una medida que, en su opinión, no debería ser vista como un incremento de los impuestos, sino como una adecuación a la inflación.
El cruce entre las Rurales del Arco Noroeste y el Gobierno provincial refleja una vez más las tensiones existentes sobre la política fiscal en el sector agropecuario, donde las perspectivas sobre las soluciones a la crisis impositiva siguen marcando diferencias entre los actores involucrados.