Habrá un plazo de un año para poner en regla armas con documentación irregular y se prorrogó hasta 2027 el programa de entrega anónima para destrucción.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27.805, una norma que establece un régimen excepcional destinado a regularizar armas de fuego de uso civil y uso civil condicional que no se encuentren registradas o presenten inconvenientes en su documentación.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial y contempla un período de 360 días para que los propietarios alcancen la normalización de su situación ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), organismo que tendrá a su cargo las verificaciones técnicas y administrativas correspondientes.
La disposición también comprende a quienes posean repuestos principales de armas de fuego sin registrar o con documentación incompleta. En aquellos casos en que el solicitante no sea legítimo usuario, deberá tramitar en forma paralela la habilitación requerida.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es que quienes se presenten voluntariamente dentro del plazo previsto quedarán exentos de sanciones administrativas y de las consecuencias penales vinculadas con la tenencia ilegal de armas de uso civil y uso civil condicional.
Sin embargo, la exención no alcanzará a las personas que ya se encuentren imputadas judicialmente por la posesión irregular del arma al momento de iniciar el trámite.
Según se informó, el objetivo es incorporar al sistema oficial armamento que actualmente se encuentra fuera de los registros estatales, sin interferir en investigaciones judiciales en marcha.
La ley también dispuso la prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta el 31 de diciembre de 2027. Este mecanismo permite entregar armas de manera anónima para su posterior destrucción, con la intención de disminuir su circulación y contribuir a las políticas de prevención de la violencia.
La normativa entrará en vigencia treinta días después de su publicación y, desde entonces, comenzará a correr el plazo previsto para la regularización.