El Parque Solar de Villa Cura Brochero, con 86.400 paneles distribuidos en más de 80 hectáreas, es uno de los proyectos más grandes de Córdoba. Sin embargo, su instalación generó un profundo conflicto ambiental al afectar un área de monte nativo protegida. Denuncias por irregularidades en la autorización y una demanda judicial por daño ambiental colectivo reflejan la compleja tensión entre desarrollo energético y conservación ecológica. ¿Puede la energía limpia justificar la destrucción de los ecosistemas que promete proteger?
El parque solar de Villa Cura Brochero, el más grande de Córdoba, representa una de las mayores contradicciones ambientales de la región. Presentado en su inauguración como un símbolo de innovación, promete abastecer de energía limpia a las localidades de Cura Brochero y Mina Clavero. Sin embargo, la instalación de los 86.400 paneles solares en una zona categorizada como área roja bajo la Ley de Bosques generó un impacto devastador en el monte nativo. Lo que debía ser un avance hacia la sostenibilidad terminó en un conflicto socioambiental que aún espera respuestas judiciales.
El proyecto, desarrollado por Harz Energy, parte del grupo argentino Neuss, en asociación con la empresa china Molin Energy, ocupó más de 80 hectáreas de vegetación autóctona en la región de Traslasierra. Aunque en el aviso presentado en 2017 la empresa aseguraba que el terreno estaba “casi desprovisto completamente de vegetación y fauna”, la organización local “Vecines por el Monte” denunció que la deforestación afectó bosques en alto estado de conservación. La ironía es evidente: un proyecto de energía renovable que, en su camino hacia la “sostenibilidad”, sacrificó parte del ecosistema que debía proteger.
El parque fotovoltaico comenzó a construirse en 2020, en pleno contexto de pandemia, sin las instancias de participación pública ni los estudios de impacto ambiental rigurosos que establece la normativa vigente. La Secretaría de Ambiente de la Provincia autorizó el proyecto sin realizar audiencias públicas, lo que vulneró la Ley Provincial 10.208 y la Ley Nacional de Bosques. Además, el proyecto no fue publicado en el Boletín Oficial, un requisito fundamental para garantizar transparencia en este tipo de emprendimientos.
Las irregularidades legales no quedaron ahí. Según denuncias presentadas por organizaciones vecinales, la empresa continuó desmontando el terreno incluso después de que la Policía Ambiental clausurara la obra por incumplimiento de la licencia ambiental. La intervención estatal llegó tarde: a pesar de la medida de cese y la imposición de una multa, el daño ya estaba hecho. El plan de mitigación, obligatorio tras estas intervenciones, nunca fue presentado o, al menos, no existe registro público del mismo.
Este tipo de situaciones subraya una tensión cada vez más evidente: ¿cómo conciliar el desarrollo energético con la protección del medio ambiente? La energía solar es, sin duda, una herramienta clave en la transición hacia un futuro más limpio, pero su implementación no puede ocurrir en detrimento de los ecosistemas locales. Lo sucedido en Traslasierra es un claro ejemplo de cómo un proyecto mal gestionado puede desvirtuar los objetivos ambientales que dice perseguir.
La instalación del parque no sólo generó daños ambientales, sino que también ignoró el impacto sobre el turismo, principal motor económico de la región. La transformación de 80 hectáreas de monte nativo en paneles solares modificó irreversiblemente el paisaje y afectó la vida cotidiana de las comunidades cercanas. Estos cambios, que combinan lo rural y lo urbano, no fueron considerados en los estudios de impacto presentados por la empresa. Para los habitantes locales, la promesa de energía limpia no compensa la pérdida de recursos naturales que constituyen la identidad del territorio.
Desde julio de 2021, la empresa Parque Solar Cura Brochero S.A.U. enfrenta una demanda por daño ambiental colectivo. La Cámara de Apelaciones de Villa Dolores admitió la acción de amparo presentada por vecinos de las localidades de San Alberto y San Javier, quienes solicitan la suspensión de las actividades del parque y la recomposición del ecosistema dañado. En esta demanda, también se acusa al Gobierno provincial por autorizar la obra en un área protegida, incumpliendo así la normativa vigente. La zona intervenida pertenece a la categoría roja según la Ley Nacional de Bosques 26.331, lo que implica que su conservación es prioritaria y no puede ser transformada.
A pesar de la clausura temporal y de las multas aplicadas, la empresa continuó con los trabajos hasta la inauguración del parque en octubre de 2022. El acto de apertura, que contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, fue acompañado por una protesta pacífica de más de 50 vecinos. Sin embargo, la resistencia vecinal no logró frenar la puesta en marcha del proyecto, que ya está operando y conectado al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), alimentando la red eléctrica nacional.
Este caso revela un problema profundo en la gestión ambiental de Córdoba: la falta de controles efectivos y de un compromiso real por parte de las autoridades con la preservación del entorno. Proyectos de esta envergadura no pueden avanzar sin la participación de las comunidades afectadas ni sin estudios de impacto ambiental exhaustivos. La transición energética es necesaria, pero no a cualquier costo.
Las organizaciones ambientales y la comunidad de Traslasierra siguen reclamando justicia. Además del cese de las operaciones del parque, exigen que la empresa y el Gobierno provincial se hagan responsables de la restauración del ecosistema dañado. No se trata únicamente de reforestar, sino de garantizar que las futuras decisiones sobre proyectos energéticos respeten el equilibrio entre el desarrollo y la conservación.
El Parque Solar Cura Brochero debería servir como una lección sobre los riesgos de priorizar beneficios económicos inmediatos por encima del medio ambiente. La sostenibilidad no puede ser un discurso vacío, y menos aun cuando implica la destrucción de los mismos recursos que pretende proteger. En una era de crisis climática, cada decisión cuenta.
El desafío está en encontrar un camino que permita avanzar hacia un futuro más limpio sin sacrificar los ecosistemas que sostienen la vida en el presente. Si la energía del futuro realmente aspira a ser sostenible, debe construirse sobre principios éticos sólidos. Esto implica tanto el uso de fuentes renovables, como así también el respeto por las comunidades y los ecosistemas locales. Solamente así podremos hablar de un verdadero progreso.
- El Ciudadano