Un relevamiento realizado por los Ministerios Públicos Fiscales de distintas jurisdicciones del país indica que las denuncias falsas representan una proporción mínima dentro del sistema penal. El estudio sostiene que el principal desafío continúa siendo la baja tasa de denuncias de hechos reales de violencia de género y advierte sobre los posibles efectos de una reforma legislativa actualmente en debate.
La discusión sobre las falsas denuncias volvió a ocupar espacio en el debate público argentino durante los últimos meses. Sin embargo, un informe elaborado por el Observatorio de Género de los Ministerios Públicos Fiscales aporta datos que muestran una realidad diferente a la percepción instalada en algunos sectores.
El estudio analizó más de 8,2 millones de causas penales registradas entre 2023 y 2025 en 17 jurisdicciones del país y concluyó que las investigaciones por falsas denuncias representan apenas el 0,09% del total. En otras palabras, menos de una causa por cada mil expedientes tramitados por la Justicia.
Los datos también ponen el foco en otro fenómeno considerado más relevante por los organismos especializados: el subregistro de la violencia. Según las cifras citadas en el informe, el 45% de las mujeres argentinas manifestó haber sufrido violencia por parte de una pareja en algún momento de su vida, pero el 77% nunca realizó una denuncia formal.
En paralelo, continúa la discusión legislativa impulsada a partir de un proyecto presentado por la senadora Carolina Losada, que propone aumentar las penas previstas para quienes realicen denuncias falsas y establecer agravantes cuando los hechos estén vinculados con violencia de género, delitos sexuales o situaciones que involucren a menores de edad.
El relevamiento señala que, entre las jurisdicciones que pudieron desagregar la información, la mayoría de las falsas denuncias detectadas no estuvo relacionada con violencia de género. Por el contrario, los conflictos patrimoniales, laborales o vecinales concentraron la mayor parte de los casos registrados.
La iniciativa legislativa también generó observaciones de organismos internacionales. El comité especializado de la Organización de las Naciones Unidas recomendó revisar la propuesta y advirtió sobre el riesgo de que modificaciones de ese tipo puedan desalentar denuncias o dificultar el acceso a mecanismos de protección para las víctimas.
El informe concluye que los datos disponibles no evidencian una expansión significativa de falsas denuncias y plantea que el desafío principal continúa siendo garantizar que las situaciones de violencia efectivamente lleguen al sistema de Justicia y reciban una respuesta adecuada.