El Tribunal Oral Federal N° 3 de Córdoba dictó este martes la pena de prisión perpetua para Walter Gil, al hallarlo coautor responsable del secuestro extorsivo agravado seguido de muerte de Santiago Aguilera Allende, el joven de 18 años secuestrado y asesinado en Traslasierra en agosto de 2022.
La sentencia lo declara culpable de los delitos de secuestro extorsivo agravado por la participación de múltiples personas, por causar lesiones graves y gravísimas, y por haber provocado intencionalmente la muerte de la víctima, en concurso real con el delito de robo, también en calidad de coautor.
En tanto, Julio César Ramírez fue condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado, tras ser absuelto de los cargos más graves, entre ellos el secuestro y el homicidio. Su vínculo con el caso surgió por un intento de acceso a la cuenta de correo electrónico de Santiago desde su red wifi domiciliaria, pero el tribunal consideró que no se acreditó su participación directa en el crimen.
Un caso estremecedor, una sentencia parcial
Santiago Aguilera fue visto por última vez el 16 de agosto de 2022, tras acudir a un supuesto encuentro con Walter Gil, quien trabajaba en un corralón con su padre. Horas más tarde, su familia comenzó a recibir amenazas y exigencias de rescate. El cuerpo del joven fue hallado cinco días después con signos de tortura y múltiples golpes, cerca del dique Boca del Río.
Durante el juicio, Gil admitió haber “entregado” a Santiago, pero aseguró desconocer lo que ocurriría luego. El tribunal no dio crédito a esa versión.
Pese al fallo, la causa no está cerrada. En el Juzgado Federal N° 2 de Córdoba sigue en curso la investigación sobre cuatro imputados aún no juzgados: Pedro González, Alejandro Altamirano, Lucas Rejas y Marcos Maldonado —este último, ya detenido en Cruz del Eje por otro caso—. La querella insiste en que se trató de un plan colectivo que aún no ha sido plenamente esclarecido.
Críticas a la instrucción y reclamo por justicia completa
La familia de Santiago expresó profundo malestar con el fiscal de instrucción Enrique Senestrari, a quien acusan de haber actuado con negligencia en los momentos clave de la investigación. Según Carlos Aguilera, padre de la víctima, “Santiago podría estar vivo si se hubiese actuado con mayor celeridad y responsabilidad”. No descartan iniciar acciones legales contra el fiscal.
Desde el entorno policial local también trascendieron críticas sobre cómo se marginó a las fuerzas de seguridad regionales durante las primeras horas de búsqueda, las más cruciales en casos de secuestro.
Este veredicto marca un antes y un después para la comunidad de Traslasierra, que aún espera justicia completa: por Santiago y por todos los jóvenes que hoy siguen siendo vulnerables a crímenes impunes.