El Concejo Deliberante comenzó a tratar un proyecto que busca remover cables abandonados del espacio público. Las empresas proveedoras de servicios deberán presentar planes de retiro y podrán ser sancionadas si no cumplen.
El Concejo Deliberante de Villa Dolores inició el tratamiento de una ordenanza que propone la creación del Programa de Gestión Municipal para la Disposición Final del Cableado en Desuso. La iniciativa fue presentada por el bloque Hacemos Unidos por Villa Dolores y tiene como principal objetivo la remoción del cableado y estructuras asociadas que ya no cumplen funciones activas, pero que aún permanecen en la vía pública, generando contaminación visual.
El proyecto revelado en sesión presidida por el concejal Claudio José Antón, apunta a empresas públicas y privadas que prestan servicios mediante redes aéreas, como electricidad, internet, telefonía o televisión por cable. Según lo estipulado, estas compañías deberán presentar un plan de retiro del material obsoleto. En caso de incumplimiento, podrán ser intimadas y sancionadas con multas económicas importantes, calculadas en litros de nafta súper, conforme al precio de referencia de YPF.
La normativa fija plazos concretos para la ejecución del retiro. En la zona céntrica —delimitada por las calles Coronel Olmedo, Pedro C. Molina, General Paz, Felipe Celli, Míguez Iñarra, Hormaeche, Pablo Albino Tello y Brizuela— las empresas tendrán hasta seis meses para completar el proceso. En el resto del ejido urbano, el plazo se extiende a un año.
Además del retiro, el proyecto establece otras obligaciones: identificar los postes con datos visibles, realizar relevamientos anuales sobre el estado de las redes, mantener en condiciones cables y ductos aún en uso, y garantizar la seguridad estructural de todo el tendido.
En los casos en que las empresas responsables ya no operen en la ciudad o no puedan ser localizadas, el Municipio podrá actuar de oficio para remover los elementos abandonados. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Obras Públicas.
Desde el bloque proponente subrayaron que la norma busca “modernizar el paisaje urbano”, reducir riesgos para peatones y vehículos, y contribuir a un crecimiento urbano más ordenado. También destacaron que la ordenanza prohíbe habilitar nuevas instalaciones a aquellas empresas que no cumplan con las disposiciones vigentes, estableciendo así un esquema de cumplimiento obligatorio con impacto a corto, mediano y largo plazo.
Si bien hubo consenso en la necesidad de avanzar hacia un entorno más limpio y seguro, el Concejo Deliberante decidió —por unanimidad— pasar el proyecto a cuarto intermedio. Asimismo, se acordó conformar una comisión legislativa específica, presidida por el edil Fernando Lovagnini, que trabajará en la revisión y perfeccionamiento del texto, considerando que ya existe una ordenanza previa que regula parcialmente esta problemática.