La propuesta del Gobierno de Javier Milei modifica criterios ligados al ambiente. Para Córdoba, lo más relevante pasa por la regulación sobre montes.
El proyecto de Ley Ómnibus que el Gobierno nacional envió al Congreso incluye modificaciones en al menos tres normas ambientales. Una de ellas tiene impacto directo sobre uno de los aspectos centrales de la discusión ambiental en Córdoba: la preservación del escaso bosque nativo que se conserva.
Las reformas en debate plantean básicamente cambios de criterios de desregulación para tres leyes vigentes: la del financiamiento para protección de bosques nativos, la que regula quemas e incendios sobre áreas rurales y la ley de protección de glaciares.
Según consigna el rotativo La Voz, el oficialismo justifica las reformas en la necesidad de desregular y adaptar normas que traban ciertas actividades productivas. Desde sectores ambientalistas advierten que implicarían un retroceso en la protección de servicios ecosistémicos y profundizarían el desfinanciamiento para el preservar capital ecológico.
De resultar aprobada, la ley facilitaría que los dueños de tierras rurales puedan proceder a quemas con fines productivos. Es una práctica habitual aún en ciertas regiones, pero que es cuestionada por los riesgos de desatar grandes incendios.
Actualmente, la Ley de Fuego 26.562 especifica que está prohibido prender fuegos sin autorización expedida por una autoridad competente. La modificación que se propone no quita esa exigencia, pero agrega que ese permiso deberá expedirse en un plazo de 30 días, y si esto no ocurre, “se considerará que ha sido autorizada tácitamente”.
Otra reforma plantea cambiar la actual Ley de Bosques Nativos, que estableció que cada provincia cuente con un mapa que divide su territorio en tres colores: verde, para zonas con bajo valor de conservación que pueden ser deforestadas; amarillo, para áreas con valor medio de conservación que no deben desmontarse pero pueden aprovecharse para actividades sostenibles como turismo; rojo, para zonas de alto valor de conservación que no pueden tocarse y por las que, a cambio, los dueños reciben compensaciones económicas por cumplir esa restricción.
En base al rotativo capitalino, el Gobierno propone habilitar “proyectos de desmonte” incluso en zonas rojas y amarillas, si cuentan con permiso y aval oficial previo. De ese modo, flexibiliza el criterio vigente.
Otro artículo retoca los recursos del Presupuesto nacional destinados a conservación de bosques nativos. La ley que rige desde hace más de una década señala que la compensación para quienes conservan las zonas rojas se financia con el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Desde su sanción, ningún Gobierno nacional cumplió con ese monto: siempre estuvo bien lejos el aporte real respecto del legal. Pero ahora se pretende que el Fondo de Presupuestos Mínimos de Protección de Bosques Nativos se financie con lo que le otorgue el Gobierno de manera discrecional cada año, sin porcentajes prestablecidos. En todo caso más eventuales donaciones o préstamos de organismos internacionales.
Siempre de acuerdo a La Voz, estos cambios tendrían impacto sobre Córdoba, que conserva en buen estado de conservación menos del 3% de los 12 millones de hectáreas de montes que un siglo atrás cubrían su territorio de 16 millones de hectáreas.
En cuanto a quemas, en Córdoba una ley provincial ya establece que los predios calificados como zona amarilla o roja de bosques no pueden cambiar de uso de suelo después de un incendio. Pero se viene cuestionando que ese punto es de relativo cumplimiento real por la escasez de control.
Otro punto
El proyecto oficial también plantea una modificación en la Ley de Glaciares a fin de habilitar, “con los informes ambientales exigidos por la normativa”, actividades económicas en la zona periglaciar: en los alrededores de un glaciar.
Habilitaría inversiones productivas (por ejemplo, de mineras) en zonas ambientalmente sensibles, en tiempos de glaciares en retroceso. Pero mantendría la exigencia de un estudio previo de impacto ambiental.