El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), en pleno, se trasladó hoy a la ciudad de Villa Dolores, cabecera de la Sexta Circunscripción Judicial, para tomar contacto con la realidad de los Tribunales locales.
En este marco, se desarrolló una multitudinaria manifestación clamando por justicia ante casos de abuso sexual, entre los cuales ha tomado mayor notoriedad la causa contra Roberto Clavero, presidente de CEMDO, acusado de violar a su hijastra durante su niñez y adolescencia.
Los miembros del TSJ, ante esto, recibieron a Mónica Piñeiro y Mary Luque (foto) de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, quienes hicieron entrega de un informe sobre irregularidades detectadas en la zona, en el cual se efectúa un petitorio de justicia.
A continuación, la presentación formulada hoy en Tribunales:
Quienes suscribimos, integrantes de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, conformados como organización a mediados de febrero de 2018, al día de hoy, sin detenernos en nuestra labor, pues siempre hay derechos humanos vulnerados. Hablamos de derechos ambientales y territoriales, derechos de las mujeres ante violencia de género y abuso sexual, desaparición de mujeres, violencia institucional y otros.
Nuestra misión ha sido crear una gran red de contactos con distintas organizaciones que aportan su conocimiento al encarar cada caso. También integran la red partidos políticos y sindicatos.
Con frecuencia acompañamos a quien necesita denunciar y no sabe dónde ni cómo. En el camino, por supuesto hemos aprendido mucho y la prueba está en que ya llevamos cuatro años de labor sostenida.
Hemos detectado diversas irregularidades en áreas de salud, educación, administrativas, de Justicia y tratamos de hacer llegar el reclamo correspondiente, tratando de avizorar la posibilidad de revertirlo.
Por ese motivo ahora enumeraremos algunas situaciones problemáticas detectadas respecto al funcionamiento de la administración de justicia:
– Recursos humanos sin perspectiva de género: cuando llaman a una mujer trans por el nombre que aparece en su documento de identidad o cuando por ese mismo motivo se la aloja a la detenida en un pabellón de varones, con todo el riego que eso implica.
– Personal que debe atender a personas, en especial a mujeres vulneradas, dispuestas a denunciar, o que se acercan a averiguar el estado de sus denuncias, o cómo avanza la causa de la denuncia que hicieron, y deben esperar durante horas para que al final les digan sin explicación alguna y demostrando cero empatías, “vuelva mañana”. Consecuencia de ello es la decisión -en general- de no volver a intentarlo.
– Lentitud en la investigación de las mujeres desaparecidas: tres de esas causas llevan largos y dolorosos ocho años. La cuarta ya pasó los tres años y ya se percibe que seguirá el mismo camino.
– En las causas de violencia institucional: observamos en el personal judicial notorios comportamientos de “cordialidad” si el imputado es un agente policial, o un ciudadano de buena posición social, y si en cambio se trata de una persona de bajo estrato social o un ciudadano común, se ejercen distintas formas de violencia: verbal, se los invisibiliza, se niega información. Cuando se presenta quien ha padecido violencia de género o abuso, no se cumplen los protocolos que el Gobierno de la provincia ha dictado en el Programa Polo de la Mujer. Las víctimas son revictimizadas una y otra vez, debiendo transitar tortuosos caminos para lograr que le crean.
Y nos queremos detener en este tema: numerosas denunciantes deben convivir toda su vida con la falta de justicia porque al cajonearse su causa, termina prescribiendo. ¿Qué implica eso en una mujer o niña que sufrió violencia sexual? Que deba convivir con la herida psíquica sin posibilidad de cura, hasta su muerte. A veces algunas sobreviven ese espanto medicadas, porque la depresión, el miedo y la vergüenza son compañeras diarias. Entonces nos preguntamos: ¿no hay una ley en el país que permite esperar a las víctimas hasta poder hablar? ¿Por qué no se aplica? ¿Por qué a las mujeres no se las instruye -cuando vienen a denunciar un delito sexual- que tienen el derecho a ser querellantes? ¿Por qué tanta falta de empatía y perversión?
La lista sería más extensa, pero deseamos poner énfasis en el reclamo puntual que planteamos a las irregularidades detectadas: sabemos cómo podría resolverse.
Mónica Piñeiro, presidenta Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra; Mary del Rosario Luque, secretaria.