La legisladora provincial y exintendenta de Villa Dolores debe apartarse de su banca para afrontar el juicio oral por el fallecimiento de Norberto Romero y Rubén Altamirano, ocurrido durante una obra municipal en 2019. El debate comenzará el 10 de noviembre.
La legisladora provincial Gloria Pereyra deberá afrontar en los próximos meses un escenario judicial mientras continúa la controversia política por su actuación durante la votación de la licencia del oficialista Ernesto “Cañito” Flores en la Legislatura de Córdoba.
La exintendenta de Villa Dolores solicitó licencia a su banca luego de ser notificada por la Cámara del Crimen de los Tribunales de Villa Dolores sobre el inicio del juicio oral y público en su contra. Pereyra está imputada por homicidio culposo agravado por el número de víctimas e incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de un hecho ocurrido durante su gestión al frente del municipio.
El debate tiene fecha de inicio para el 10 de noviembre, a las 9.30, mientras que el 2 de octubre se realizará una audiencia preliminar en la que se analizará un pedido de suspensión de juicio a prueba presentado por uno de los ingenieros imputados.
La causa se remonta al 16 de julio de 2019, cuando una cuadrilla municipal ejecutaba trabajos vinculados con una obra de desagües en una zanja ubicada a pocos metros de la Plaza Mitre, en el centro de Villa Dolores.
Durante las tareas se produjo un desmoronamiento de tierra, arena y piedras que sepultó a los trabajadores que se encontraban a más de cuatro metros de profundidad.
El siniestro provocó la muerte de Norberto Orlando Romero, de 43 años. Su compañero, Rubén Damián Altamirano, de 23, fue rescatado con graves heridas, pero falleció cinco días después en el hospital local.
La investigación judicial derivó en la acusación contra Pereyra y otros tres imputados: el exsecretario de Obras Públicas Aldo Zanitti y los ingenieros civiles Enrique Bernáldez y Jorge Hanisch.
De acuerdo con la información suministrada sobre el expediente, durante la investigación se estableció que los trabajadores realizaban sus tareas sin elementos de protección como cascos, arneses e indumentaria adecuada. También se señaló la ausencia de un plan municipal de higiene y seguridad.
Otro de los antecedentes incorporados a la causa fue un desmoronamiento menor ocurrido días antes del episodio fatal, pese al cual los trabajos continuaron.
El expediente atravesó durante años distintas instancias de apelación y recursos de queja ante el Tribunal Superior de Justicia, hasta arribar finalmente a la etapa de juicio oral.
El caso “Cañito” y la postura de Gloria
La situación judicial de Pereyra coincidió temporalmente con una controversia política generada en la Legislatura de Córdoba por la situación del oficialista Ernesto “Cañito” Flores.
Durante una reciente sesión, la oposición impulsó una sanción contra Flores en el marco de los cuestionamientos vinculados con una causa de grooming y abuso de menores que involucraba a personas relacionadas con su estructura territorial. Ante ese escenario, el oficialismo propuso otorgarle una licencia de 180 días sin goce de sueldo.
Pereyra, integrante del Frente Cívico, se encontraba en el recinto durante el tratamiento del proyecto, pero se retiró de su banca antes de la votación. La iniciativa finalmente fue aprobada por 34 votos a favor y 31 en contra.
La decisión de la legisladora generó cuestionamientos políticos, debido a que su retiro se produjo en una votación ajustada y terminó coincidiendo con la aprobación de la licencia solicitada por Flores. Sin embargo, no consta una explicación de Pereyra sobre los motivos de su salida ni elementos que permitan afirmar que tuvo como propósito favorecer al legislador oficialista.
El episodio cobró mayor repercusión al conocerse que, poco después, la propia Pereyra debía solicitar licencia para afrontar el proceso judicial por la tragedia ocurrida durante su gestión municipal.
Se trata, de todos modos, de dos situaciones diferentes. Por un lado, la controversia política derivada de la votación sobre la licencia de Flores y la postura adoptada por Pereyra en el recinto. Por otro, el proceso penal que la tiene como imputada por el fallecimiento de dos trabajadores municipales.
Con el cronograma judicial definido, la audiencia preliminar del 2 de octubre será el paso previo al juicio oral previsto para el 10 de noviembre, instancia en la que Pereyra y los otros tres imputados deberán responder ante la Justicia por las acusaciones formuladas en el expediente.
Mientras tanto, la legisladora permanecerá apartada temporalmente de su actividad parlamentaria para concentrarse en el proceso judicial que tiene como origen una tragedia ocurrida hace más de siete años en Villa Dolores.