Un grave accidente que dejó a una joven motociclista internada con una fractura de cráneo en Villa Dolores volvió a poner en primer plano una problemática que se repite con alarmante frecuencia. Detrás de cada siniestro vial no hay únicamente un hecho policial: existen familias atravesadas por el dolor, un sistema de salud sometido a una fuerte presión, procesos judiciales que pueden extenderse durante años y pérdidas económicas que, en muchos casos, resultan imposibles de afrontar.
Un grave choque ocurrido en Villa Dolores, en el que una motociclista de 25 años sufrió un traumatismo de cráneo con fractura y debió ser internada, no debería quedar reducido a una noticia más dentro de la agenda policial. Es el reflejo de una realidad que se repite casi a diario en Córdoba y en buena parte del país: las motocicletas continúan siendo protagonistas de los siniestros viales más graves y sus ocupantes representan el sector más vulnerable del tránsito.
Cada accidente deja cifras, pericias y actuaciones judiciales. Sin embargo, detrás de esos expedientes hay historias personales que cambian para siempre. Una salida habitual puede terminar en meses de internación, cirugías, rehabilitación y secuelas permanentes. En los casos más dramáticos, la consecuencia es la muerte. En otros, las discapacidades físicas o neurológicas modifican por completo el proyecto de vida de una persona joven.
La moto se ha convertido en un medio de transporte indispensable para miles de familias. Es económica, consume poco combustible y permite desplazarse con rapidez. También es una herramienta de trabajo para repartidores, empleados y pequeños comerciantes. Pero esa practicidad tiene una contracara evidente: quien circula sobre una motocicleta carece de la estructura de protección que ofrece un automóvil. Un impacto que para un conductor de un vehículo puede significar daños materiales, para un motociclista puede representar lesiones gravísimas.
Esta realidad tiene una consecuencia directa sobre el sistema público de salud. Los hospitales reciben diariamente pacientes politraumatizados que requieren ambulancias, guardias especializadas, tomografías, cirugías complejas, unidades de terapia intensiva, medicamentos de alto costo y semanas o incluso meses de internación. A ello se suma la rehabilitación posterior, con kinesiólogos, neurólogos, traumatólogos y otros especialistas.
Todo ese despliegue humano y tecnológico implica recursos económicos enormes. Recursos que son limitados y que deben distribuirse entre todas las necesidades sanitarias de la comunidad. Cada cama ocupada durante semanas por un paciente con lesiones graves significa una capacidad menos disponible para otras urgencias. Cada cirugía de alta complejidad demanda equipos médicos, insumos y horas de trabajo que tienen un costo significativo para el Estado.
Pero el impacto económico no termina en el hospital.
Después del accidente aparecen las licencias laborales prolongadas, la pérdida de ingresos familiares, la necesidad de adaptar viviendas cuando quedan secuelas permanentes y, muchas veces, la imposibilidad de volver a trabajar. En numerosas ocasiones son los propios familiares quienes deben abandonar temporalmente sus actividades para acompañar al paciente durante la recuperación.
A ello se suma otro aspecto que pocas veces recibe suficiente atención: la judicialización.
Cuando existen lesiones graves comienza una investigación para determinar responsabilidades. Intervienen fiscales, policías, peritos accidentológicos, médicos forenses, abogados y compañías aseguradoras. Los procesos pueden extenderse durante años y generan un importante desgaste emocional para todas las partes involucradas.
La situación se vuelve todavía más compleja cuando alguno de los vehículos carece de un seguro vigente o cuando la cobertura resulta insuficiente para afrontar indemnizaciones, tratamientos médicos y daños materiales. En esos casos, el conflicto suele trasladarse a la Justicia civil, donde las demandas económicas pueden comprometer seriamente el patrimonio de las personas involucradas.
Sin embargo, quizá la consecuencia más difícil de medir sea la psicológica.
Quien sobrevive a un accidente grave muchas veces enfrenta miedo a volver a conducir, ansiedad, depresión o estrés postraumático. Los familiares también cargan con la angustia de una recuperación incierta, mientras que quienes participaron del siniestro, aun sin haber sufrido lesiones, pueden convivir durante años con sentimientos de culpa, angustia o temor.
Por eso, reducir estos episodios a estadísticas sería un error.
La siniestralidad vial constituye un problema sanitario, económico y social. Su prevención no depende únicamente de la acción policial ni de controles esporádicos. Requiere educación vial desde edades tempranas, infraestructura segura, mantenimiento adecuado de calles y rutas, controles permanentes, respeto por las normas de tránsito y un compromiso individual de cada conductor.
En el caso específico de las motocicletas, el uso correcto del casco homologado, el respeto de las velocidades permitidas, evitar maniobras imprudentes y circular con la documentación y el seguro correspondientes son medidas básicas que pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.
Cada choque deja una enseñanza que no debería olvidarse al día siguiente. Porque cuando ocurre un siniestro vial no pierde únicamente quien resulta herido. También pierde su familia, pierde el sistema sanitario, pierde la Justicia al destinar recursos durante años a resolver conflictos y pierde toda la sociedad, que termina asumiendo un costo humano y económico mucho mayor que el que demandaría prevenir esos hechos.
La verdadera discusión no debería comenzar después de cada accidente grave. Debería empezar mucho antes, cuando todavía existe la posibilidad de evitar que otra noticia similar vuelva a ocupar un lugar en las páginas policiales.
• El Ciudadano