El vocal de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Villa Dolores, Pablo Alfonso Cabral, enfrenta una investigación penal con imputaciones de extrema gravedad. La causa incluye acusaciones por lesiones calificadas por el vínculo, amenazas reiteradas y abuso sexual. Con el avance del expediente, también se incorporaron presuntos delitos de desobediencia a la autoridad e instigación al prevaricato.
Un expediente judicial de alto impacto institucional se desarrolla en los Tribunales de Villa Dolores y tiene como protagonista a un integrante de la magistratura provincial. El camarista civil Pablo Alfonso Cabral está imputado en una causa penal que investiga presuntos hechos de violencia de género contra una mujer con quien mantenía una relación afectiva desde noviembre de 2022.
La investigación se formalizó a fines de 2024 cuando el juez de Control Sergio Ariel Ponce dispuso su imputación como sospechoso —en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de Córdoba— por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas reiteradas y abuso sexual con acceso carnal.
Con el avance de la causa, el expediente sumó nuevas imputaciones. La fiscalía consideró que el magistrado habría incumplido medidas de restricción de contacto dispuestas por un juzgado de Violencia Familiar y habría promovido, mediante un abogado, un acuerdo económico destinado a que la denunciante modificara su declaración judicial y pericial.
Ese convenio, denominado “reparación integral sujeta a sobreseimiento”, consistiría en la promesa de un pago que se concretaría si el magistrado resultaba desvinculado de la investigación. A partir de esa situación, el juez de Control amplió la imputación por desobediencia a la autoridad e instigación al prevaricato.
La fiscalía también solicitó la detención del camarista, medida que no puede concretarse por los fueros que lo amparan como magistrado provincial. Para que ello ocurra se requiere previamente un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La defensa del juez Cabral sostiene que se trata de un conflicto derivado de una relación personal y afirma que el magistrado niega categóricamente los hechos investigados, teniendo expectativa de que el proceso permita esclarecer lo sucedido.