El Tribunal de Cuentas de Villa Dolores denunció ante la Fiscalía de Instrucción al intendente Maximiliano Rivarola y a parte de su gabinete por un pago millonario vinculado al programa PAICOR. El órgano de control cuestiona una redeterminación de precios de más de $146 millones autorizada fuera de plazo y sin cumplir con la normativa vigente. La Justicia deberá determinar si existió delito en la maniobra.
El Tribunal de Cuentas de Villa Dolores formalizó una denuncia penal contra el intendente Maximiliano Rivarola y parte de su gabinete, por presuntas irregularidades en el pago de una redeterminación de precios vinculada al Programa PAICOR, por un monto superior a los 146 millones de pesos. La presentación fue realizada ante la Fiscalía de Instrucción a cargo de la fiscal Lucrecia Zambrana y quedó registrada bajo el expediente SAC N° 13959954.
La medida fue adoptada por el órgano de contralor municipal tras advertir, en el marco del análisis del ejercicio contable 2024, que el Ejecutivo habría autorizado un pago millonario sin cumplir con los procedimientos legales y técnicos exigidos por la normativa vigente. El hecho fue formalizado mediante la Resolución N° 34/2025, que acompaña el envío de los antecedentes a la Justicia.
La denuncia involucra directamente al jefe comunal, al secretario de Gobierno Fernando Medina, al secretario de Hacienda Pablo Civeriati, al secretario de Salud Guillermo Baudonet y a otros funcionarios que habrían refrendado la operación a través del llamado “Acuerdo de Secretarios”. Así lo confirmó el tribuno Roberto Ribeiro:
“La denuncia se formuló contra el intendente, contra el secretario de Gobierno Fernando Medina, el secretario de Hacienda Pablo Civeriati y el secretario de Salud Guillermo Baudonet, y también se nombra a todos los otros secretarios que firmaron el Acuerdo de Secretarios para insistir con el pago de la redeterminación”.
Un incremento de más del 1.200% respecto a la deuda original
La redeterminación en cuestión se refiere a un contrato de provisión de alimentos correspondiente al ciclo 2024 del programa PAICOR. Al 31 de diciembre de ese año, la deuda registrada en el sistema contable municipal ascendía a poco más de 11 millones de pesos. No obstante, en abril de 2025, el Departamento Ejecutivo autorizó y ejecutó un pago por $146.909.192,80, según el Tribunal de Cuentas, sin reunir la documentación ni los fundamentos requeridos por ley.
Lo que más llamó la atención del órgano de control fue que el pago se realizó una vez cerrado el ejercicio fiscal 2024, pero fue imputado a ese mismo período contable, lo que generó observaciones formales y técnicas.
Del rechazo administrativo a la vía penal
Antes de recurrir a la Justicia, el Tribunal de Cuentas integrado por Analía Pizarro, Pablo Sastre y Roberto Ribeiro, había emitido las resoluciones N° 26/2025 y N° 28/2025, en las que observaba irregularidades en el expediente de redeterminación. Sin embargo, ante la falta de respuestas satisfactorias por parte del Ejecutivo y la ausencia de documentación que justificara la operación, resolvió remitir el caso a la Fiscalía de Instrucción.
El procedimiento se basa en lo dispuesto por el artículo 119, inciso 10 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al Tribunal a actuar como denunciante cuando detecta posibles delitos cometidos por funcionarios públicos.