Juan José Murúa, de 38 años, permanece detenido en la cárcel de San Luis cumpliendo dos condenas por homicidios de alto impacto social. En 2018 fue sentenciado a 38 años y dos meses de prisión por el femicidio de Brenda Arias, ocurrido en Concarán, San Luis. En 2023 recibió una segunda condena: reclusión perpetua por el asesinato de Marisol Reartes (18) y su hija Luz Oliva (2), crimen que estremeció a la comunidad del Valle de Traslasierra.
Los cuerpos de Marisol y Luz fueron hallados sin vida en abril de 2015, mucho tiempo después de su desaparición. El juicio concluyó en que Murúa fue el autor del doble homicidio, lo que elevó su perfil como uno de los criminales más peligrosos de la región.
El nombre de Murúa volvió a los titulares en noviembre de 2023, tras apuñalar a otro interno, Jonathan Aguirre, en el penal puntano donde cumple sus condenas. Según consta en el expediente, Murúa reconoció la autoría del ataque, y la fiscalía solicitó una pena de 10 años por homicidio simple en grado de tentativa. De ser condenado, la nueva pena no modificaría su situación procesal actual, dado que ya enfrenta una reclusión perpetua.
Tras el hecho, fue reubicado en un sector aislado del penal, donde se encuentra sin acceso a laborterapia, ni actividades físicas o recreativas. De acuerdo al portal El Chorrillero, esta situación habría desencadenado en él crisis de ansiedad y ataques de pánico. “No puedo más, me tienen secuestrado”, declaró desde el aislamiento, aunque reconoció que recibe visitas familiares.
Murúa solicitó su traslado a un pabellón común o, en su defecto, a una cárcel en la ciudad de Villa Dolores, más cercana a sus vínculos familiares.
Su perfil sigue siendo considerado de alto riesgo y las autoridades penitenciarias mantienen restricciones estrictas por cuestiones de seguridad, tanto para otros internos como para el personal del penal.
El caso genera atención sostenida, no solo por la gravedad de los crímenes cometidos, sino por las derivaciones judiciales y penitenciarias que siguen marcando la actualidad del sistema penal en San Luis y Córdoba.