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Desvinculan a policía condenada por agredir a una médica

La oficial Magdalena Suárez fue desvinculada de la Policía de la provincia de Córdoba tras haber sido hallada culpable por agredir a una médica en el Hospital Regional de Villa Dolores en enero de 2022. La decisión institucional se conoció recientemente, meses después de que la Justicia la condenara a tres años de prisión condicional.

Suárez, de 42 años, había llegado al juicio en libertad y en ejercicio de sus funciones policiales. Sin embargo, el fallo judicial dictado en octubre del año pasado marcó un punto de inflexión: fue hallada culpable por los delitos de lesiones leves, coacción, amenazas y violación de medidas sanitarias, en concurso real.

El episodio que desencadenó la causa judicial ocurrió en el área de pediatría del hospital, mientras Suárez acompañaba a su hija de dos años, internada por un problema de salud. Según la acusación, la mujer reaccionó de forma violenta cuando una médica le solicitó colocarse el barbijo, medida obligatoria en ese momento por las restricciones impuestas por la pandemia. De acuerdo con el testimonio de la profesional de salud, la ahora ex policía respondió con agresiones verbales y físicas.

El proceso judicial estuvo a cargo del juez Raúl Castro y contó con la intervención del fiscal de Cámara Sergio Cuello. La instrucción de la causa fue realizada por la fiscal María Ferreyra, quien reunió las pruebas que permitieron llevar el caso a juicio. Por su parte, el abogado defensor David Cortés insistió en que su defendida actuó bajo una fuerte carga emocional, producto de la angustia por la salud de su hija, y negó las imputaciones.

La niña fue derivada a la ciudad de Córdoba, donde permaneció internada durante un mes y medio.

La situación generó un fuerte debate en la comunidad local sobre los conflictos que se presentan en el hospital regional, especialmente en momentos críticos en los que familiares y personal de salud se ven involucrados en situaciones de alta tensión.

La desvinculación de Suárez de la fuerza se produjo recientemente, en el marco de una resolución administrativa que, según trascendió, tomó en cuenta la sentencia judicial y la gravedad de los hechos.