El Concejo Deliberante de Villa Dolores, presidido por el Dr. Roberto Ribeiro, abordó con “preocupación” el estado de un pedido de informes del Tribunal de Cuentas a la Secretaría de Finanzas Públicas del Departamento Ejecutivo sobre la existencia y utilización de una Tarjeta Visa a nombre del Municipio.
En concreto, el Tribunal de Cuentas dio a conocer que se exige informe sobre los resúmenes de la cuenta bancaria vinculada al “plástico”, a través del cual se ha debitado la suma de $416.094,34 al mes de julio de 2023. El órgano de control pide detalles sobre los movimientos de los últimos 12 meses, estableciendo como plazo de respuesta el próximo lunes a las 10 horas.
Ante esto, el Concejo Deliberante resolvió por unanimidad esperar la respuesta de la Secretaría de Finanzas Públicas para determinar en reunión, el día martes, los pasos a seguir en función a esclarecer la situación.
Al respecto, Gragera expresó: “Es preocupante que no haya un control del gasto público. Acá puede haber una confusión entre lo público y lo privado: ser representante titular del Departamento Ejecutivo no te da libertad de hacer lo que quieras con el gasto. Éste debe tener un control, que debe ejecutarlo el Tribunal de Cuentas. Tomamos conocimiento de que hay gastos a través de una tarjeta que no pasan por el control respectivo. Queremos saber en qué se gastó y quién firma por los consumos con esta tarjeta”.
“Estamos totalmente de acuerdo en que el control debe ser exhaustivo. Llama la atención que aparezca esta tarjeta, que no se haya conocido sobre su existencia, que se haya ocultado. Nosotros creemos que el Tribunal de Cuentas debe agotar todas las alternativas necesarias para poder saber cómo son estos gastos, a qué se deben y cómo se pagan”, consideró por su parte el edil Mario Bernáldez.
En la misma línea, la concejala Luciana Micca expuso: “Es necesario poner luz sobre todo esto. Desde que estamos en gestión, este Concejo Deliberante no ha autorizado el otorgamiento de tarjeta alguna, que debería haber sido autorizada por este cuerpo. No sabemos desde cuándo está operando. Es necesario que se tomen las decisiones adecuadas para darle respuesta a la gente”.
En tanto, el edil Christian Casas Cassataro entendió que los concejales “estamos siendo bastante benevolentes”, ya que “aquí hay una irregularidad manifiesta y podríamos estar en condiciones de acudir a la Justicia”. “Esperaremos el informe del Departamento Ejecutivo, pero no deberíamos descartar la vía judicial”, dijo.
En lo que atañe, Ribeiro especificó: “No existe intendente en los departamentos San Javier y San Alberto que tenga tarjeta corporativa en la banca pública. Me llama poderosamente la atención esta circunstancia. Nunca hemos autorizado desde el Concejo Deliberante, tanto en esta gestión como en la anterior, el uso de una tarjeta de crédito para gastos y es lógico, porque existe una Oficina de Compras en el Municipio que es la encargada de realizar la compulsa de precios para comprar de la forma más conveniente para el Municipio”.