En el marco del juicio sobre el caso de violación y femicidio de Cecilia Basaldúa, viajó esta semana a los Tribunales de Cruz del Eje una delegación proveniente del Valle de Traslasierra.
Una iniciativa de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra permitió que familiares de mujeres desaparecidas de la zona concurrieran para acompañar a la familia de Cecilia.
“Este encuentro materializa lo que une a estas familias: la búsqueda de sus hijas desaparecidas o el afán de justicia por sus hijas víctimas de femicidio. Son familias que han vivido de manera descarnada la indiferencia y la desidia del Estado y del sistema judicial cuando de la vida de las mujeres se trata”, comunicó la Mesa de Trabajo.
Testimonios
Analía Prado es hermana de Silvia Gloria Gallardo, de 32 años, desaparecida en Yacanto, San Javier, en febrero de 2014. Conmocionada, comparte: “Ahora nos encontramos en Cruz del Eje acompañando la familia de Cecilia que ya está enfrentando un juicio. Nosotros todavía no estamos frente a un juicio, pero es lo que esperamos para este año. Nuestra lucha lleva ya ocho años pero no hemos encontrado el cuerpo de mi hermana”.
Mario Gerónimo, por su parte, es papá Delia Gerónimo Polijo, la niña de 14 años desaparecida desde hace tres años y medio cuando volvía de la escuela en el Paraje La Paz. Mario asistió a Cruz del Eje para “acompañar a la familia Basaldúa en este proceso”. Y manifiesta: “Yo todavía estoy esperando a mi hija, todavía no la encontramos y vamos a seguir con este reclamo. Siempre voy a seguir yo como papá. Todos los días estamos esperando a mi hija y todavía no podemos encontrarla”.
Traslasierra también se ha alzado exigiendo justicia por Marisol Rearte y Luz Morena Oliva, la joven de 18 años y su hija de dos que desaparecieron en 2014 y cuyos restos -los de Marisol- fueron encontrados cuatro años después.
Justicia
“En cada una de las causas, la familia y el entorno de las víctimas denuncian la falta de investigación, la indiferencia, la revictimización y la culpabilización de las víctimas, que junto a los innumerables errores, se traducen en falta de Justicia. La reiteración de estos mecanismos, la crudeza de estas historias, es la que evidencia el profundo carácter patriarcal del sistema judicial”, contempló la organización de Derechos Humanos de Traslasierra.
Y concluye: “Hoy, los rostros de Delia y de Silvia, junto con la persistencia amorosa de sus familiares, abrazó también a Susana y Daniel, y miró de frente a lxs funcionarixs de un sistema judicial que perpetúa la violencia machista y los femicidios garantizando la impunidad”.
El caso
Cecilia apareció sin vida el 25 de abril de 2020 en Capilla del Monte. En esta causa de gran relevancia institucional para la provincia de Córdoba, pasaron decenas testigos y se presentaron pericias forenses, pero aún no hay pruebas demostradas que incriminen a Lucas Bustos, el único imputado.
Bustos es un peón de albañil de 24 años y sobre él recaen las acusaciones por los delitos de «abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa».
La acusación contra Bustos tiene como uno de sus ejes la confesión autoincriminatoria que el joven habría dado en la comisaría. Pero tanto la defensa como la querella sospechan que tal confesión habría sido lograda mediante presuntos apremios ilegales y torturas por parte de los uniformados.
Siguiendo esa línea, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se ha constituido como querellante en el juicio.
Incluso la querella de los padres de la víctima no apoya la acusación, ya que consideran que Bustos no es el responsable y tienen grandes sospechas sobre Mario Mainardi, dueño de la casa donde se alojaba la joven al momento de su desaparición.