Este lunes 28 de septiembre, los abogados Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, Eduardo Santiago Caeiro y Gastón Bazán expondrán ante el juez Santiago Camogli su interpretación de las pruebas reunidas durante el juicio por la tragedia de las Altas Cumbres. La defensa sostiene que Oscar González debe ser absuelto y apunta a la conducta de Alejandra Bengoa en los instantes previos al choque. La Fiscalía pidió 3 años y 10 meses de prisión, mientras que la querella reclamó 10 años y planteó que el hecho debe ser considerado bajo la figura de dolo eventual.
El juicio por la tragedia de las Altas Cumbres ingresa el lunes 28 de septiembre en una de sus jornadas más esperadas. En los Tribunales de Villa Dolores, los abogados defensores de Oscar González tendrán la posibilidad de exponer durante los alegatos finales la interpretación que hacen de los testimonios, pericias y demás pruebas incorporadas durante el debate.
Después de la exposición de la Fiscalía y de los representantes de las víctimas, ahora será el turno de Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, Eduardo Santiago Caeiro y Gastón Bazán. La defensa llega a esta instancia sosteniendo el pedido de absolución del exlegislador y con una hipótesis que coloca en el centro de la discusión la maniobra realizada por el Renault Sandero en el que viajaban Alejandra Bengoa, su hija Marina y Alexa Miranda.
El debate judicial comenzó el 3 de agosto y durante diez audiencias fueron incorporados testimonios de sobrevivientes, familiares, profesionales de la salud, especialistas y testigos que estuvieron en la zona del siniestro, además de pericias vinculadas con la mecánica del choque y otros informes. La discusión que queda por delante ya no estará centrada únicamente en qué ocurrió sobre la ruta, sino en qué significado jurídico tienen esos hechos y qué responsabilidad corresponde atribuirle al acusado.
Una defensa que sostiene la absolución
Desde las primeras etapas del juicio, la defensa sostuvo que la responsabilidad por la colisión no puede ser atribuida exclusivamente a González. Ortiz Pellegrini había anticipado que solicitaría la absolución y explicó que uno de los argumentos centrales sería la conducta de la conductora del Sandero.
Según esa hipótesis, Bengoa habría iniciado un sobrepaso y, al intentar regresar a su carril, se produjo el impacto con el BMW conducido por González. La defensa cuestionó así la interpretación de la acusación y puso el foco en la trayectoria del Renault en los instantes inmediatamente anteriores a la colisión.
El abogado también había cuestionado algunos aspectos de la reconstrucción accidentológica. En particular, sostuvo que existía una diferencia de aproximadamente 50 centímetros entre la ubicación de los vehículos planteada por la defensa y la sostenida por la querella.
La posición deberá ser desarrollada ahora frente al juez Camogli. Los alegatos constituyen precisamente la instancia en la que cada parte debe realizar una lectura integral de la prueba y explicar por qué, a partir de ella, corresponde adoptar la decisión que solicita.
La pericia accidentológica
La ubicación del impacto y las trayectorias de los vehículos fueron algunos de los aspectos más discutidos durante el juicio.
Los peritos oficiales Ramiro Ojeda y Álvaro Zaragoza determinaron que el impacto se produjo sobre el carril por el que circulaba el Renault Sandero. También estimaron velocidades cercanas a los 90 kilómetros por hora: alrededor de 90 km/h para el Sandero y 89,42 km/h para el BMW.
La querella, a partir del trabajo de su perito Fabián Gallardo, sostuvo una interpretación diferente sobre la conducta previa de González y planteó que el BMW circulaba realizando maniobras de corte de curvas.
La defensa, en cambio, intentó instalar otra lectura de la secuencia: que el Sandero se encontraba realizando una maniobra de sobrepaso y que regresaba hacia su carril cuando ocurrió el choque.
La diferencia no es un detalle técnico menor. De la interpretación de esa maniobra depende, en buena medida, la discusión sobre quién ocupaba el espacio de circulación del otro vehículo en el instante determinante y qué conducta tuvo incidencia causal en la tragedia.
Los testimonios incorporados durante el debate tampoco ofrecieron una única mirada sobre los momentos previos al impacto. Algunos automovilistas declararon haber observado maniobras de sobrepaso realizadas por González y circulación a alta velocidad kilómetros antes del choque, mientras que la defensa procuró poner en evidencia testimonios y elementos compatibles con su hipótesis sobre la maniobra del Sandero.
Culpa o dolo eventual
El juicio llegó a los alegatos con dos posiciones penales claramente diferenciadas.
La Fiscalía de Cámara, a cargo de Analía Gallaratto, mantuvo la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, en concurso ideal. En su alegato del 8 de septiembre solicitó para González 3 años y 10 meses de prisión efectiva, además de 10 años de inhabilitación para conducir.
La querella pidió una respuesta mucho más severa. Los abogados de las víctimas solicitaron que el hecho sea encuadrado como homicidio simple con dolo eventual y reclamaron 10 años de prisión. De manera subsidiaria, uno de los planteos contempló una condena de seis años si se mantiene la figura de homicidio culposo agravado.
El concepto de dolo eventual constituye uno de los puntos jurídicos centrales del debate. Mientras una acusación por culpa supone atribuir un resultado producido por una conducta imprudente o negligente sin considerar que el autor haya aceptado la posibilidad del resultado fatal, el dolo eventual implica sostener que la persona se representó la posibilidad de provocar ese resultado y continuó actuando asumiendo ese riesgo.
Gallaratto rechazó durante el proceso el pedido de la querella para modificar la acusación. Según explicó, las pruebas incorporadas durante el debate no habían modificado sustancialmente la valoración realizada durante la investigación y, por esa razón, no encontraba fundamentos para pasar de una figura culposa a una basada en dolo eventual.
La defensa coincidió con la Fiscalía en rechazar ese cambio, aunque fue más allá al sostener que González debe ser absuelto.
La defensa cuestionó los alegatos de la querella
Luego de la jornada del 8 de septiembre, la defensa de González presentó un planteo para que se declararan nulos los alegatos de dos de las querellas y se considerara abandonado el rol de otra representación particular.
Entre sus argumentos, cuestionaron que Lucas Cocha no hubiera formulado un pedido concreto de pena en su exposición, mientras que también objetaron el alegato de Germán Romero Marcón. La defensa sostuvo que las intervenciones de ambos abogados no podían ser consideradas complementarias porque representan a distintos damnificados y actúan con personerías independientes.
También solicitaron que se considere desistida la querella representada por Emiliano Binante, quien representa a Vera Szulewicz en nombre de su madre fallecida, Alejandra Bengoa, por no haber intervenido en la instancia de alegatos.
Además, los defensores dejaron planteada una reserva de caso federal ante una eventual decisión adversa sobre estos planteos.
Estas cuestiones forman parte del escenario procesal con el que la defensa llega al 28 de septiembre, aunque el eje principal de la jornada será el análisis de la responsabilidad penal de González.
También está en juego la cuestión civil
El proceso tiene además una dimensión económica. Las actoras civiles formularon reclamos indemnizatorios contra González y contra el Superior Gobierno de Córdoba. De acuerdo con lo informado por la defensa, el monto conjunto reclamado ronda los $11.776 millones, cifra que equivalía aproximadamente a 7,7 millones de dólares al tipo de cambio oficial del 8 de septiembre.
Se trata de pretensiones económicas y no de una indemnización ya reconocida judicialmente. Su procedencia y eventual monto deberán ser determinados a partir de las pruebas y fundamentos incorporados al expediente.
Durante una de las audiencias, el contador oficial Marcelo Pedernera Esquivel explicó que no podía establecer con precisión determinados gastos reclamados debido a la falta de documentación respaldatoria incorporada a la causa y señaló las dificultades para proyectar costos futuros en un contexto económico cambiante.
La defensa cuestionó esos reclamos y considera que los montos deberán ser analizados en función de la documentación y de los elementos efectivamente acreditados.
El último tramo antes del veredicto
Con la defensa se completará la exposición de las principales partes del proceso. La Fiscalía ya pidió una condena de 3 años y 10 meses; la querella reclamó 10 años y un cambio de calificación; y la defensa sostendrá la absolución.
Frente a esas posiciones contrapuestas, será el juez Santiago Camogli quien deberá analizar el conjunto de la prueba producida durante el juicio y resolver la responsabilidad que corresponda atribuirle a González.
• Por Mauro Tello