Durante años, para decenas de familias de Mina Clavero, el sueño de la casa propia avanzó entre recibos, promesas y trámites que parecían oficiales. Pagos realizados con esfuerzo, cuotas reunidas peso a peso y la confianza depositada en un empleado municipal que conocía el sistema desde adentro. Ese mismo vínculo de cercanía fue el que terminó convirtiéndose en la base de una estafa reiterada que recién ahora encuentra una resolución judicial.
Días atrás, en Tribunales de Villa Dolores, la Cámara del Crimen dictó sentencia contra Javier Alfredo Copetti, ex empleado administrativo de la Municipalidad de Mina Clavero. La sala unipersonal a cargo del juez Raúl Castro lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional al hallarlo penalmente responsable de 49 hechos de estafas reiteradas vinculadas al Plan Municipal de Viviendas.
La causa se resolvió mediante un juicio abreviado. Según consigna le portal La otra Mirada, Copetti reconoció los hechos por los que había sido imputado por la Fiscalía de Villa Cura Brochero, y su defensor, Facundo Funes, acordó la pena con el fiscal de Cámara Sergio Cuello. La condena evita el cumplimiento efectivo de la prisión, pero deja asentada la responsabilidad penal por una maniobra que provocó un grave perjuicio económico y social.
Según quedó probado en el expediente, Copetti se desempeñaba como empleado administrativo municipal y era una de las caras visibles del Plan de Vivienda Convive, dependiente del Ente Municipal de Viviendas (En.Mu.Vi.). Desde ese lugar, brindaba información a los interesados y extendía recibos para que los adherentes abonaran cuotas en la caja municipal. Sin embargo, aprovechándose de la confianza de los solicitantes, cobraba anticipos y pagos que luego no rendía al Municipio.
El ardid se repitió en al menos 49 oportunidades. Las víctimas fueron familias que buscaban acceder a una vivienda y que creyeron estar cumpliendo con los requisitos formales del plan habitacional. El perjuicio no fue solamente económico: el daño alcanzó también a la credibilidad de un programa público y a la relación de confianza entre los vecinos y el Estado local.
De acuerdo a La Otra Mirada, los hechos ocurrieron entre el 30 de junio de 2014 y el 18 de noviembre de 2015. Tras la primera denuncia, comenzaron a multiplicarse los reclamos y las presentaciones judiciales, dando forma a una causa compleja que avanzó lentamente. Recién el 6 de noviembre de 2019 el expediente fue elevado a juicio por la fiscal Gallaratto, iniciando un largo recorrido procesal que culminó con la sentencia conocida esta semana.
Aunque la pena sea de ejecución condicional, el fallo deja una señal clara: el abuso de funciones públicas y la estafa sistemática no quedan impunes. Para las familias afectadas, la condena representa al menos un reconocimiento judicial del daño sufrido, aunque no borra los años de espera ni la frustración de un proyecto de vida truncado.
El caso Copetti expone, una vez más, la fragilidad de quienes buscan acceder a derechos básicos como la vivienda y la necesidad de controles firmes sobre los programas públicos. Una historia que empezó con promesas y recibos, y que terminó, una década después, en una sala de Tribunales de Villa Dolores.