Escándalo provincial: ocho policías están imputados y seis de ellos fueron detenidos esta semana, acusados de privar de su libertad a un joven en Córdoba. Los agentes están acusados de entrar en distintas viviendas sin las correspondientes órdenes de allanamiento para buscar una motocicleta robada, retirar a un menor de edad y amenazarlo mediante el uso de arma de fuego.
Un comunicado firmado por Mabel Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente, co-presidentes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba), repudió el accionar policial y pidió “nunca más violencia institucional”.
Según la APDH Córdoba, «la fuerza que comanda la comisario general Liliana Zárate Belletti sigue llevando adelante prácticas propias de la pasada dictadura cívico militar, pese a que este año, celebramos el 40° aniversario de la recuperación democrática».
«Desde APDH Córdoba señalamos que el accionar policial ilegal, propio de épocas donde no estaban garantizados los Derechos Humanos ni civiles; es una política avalada o cuánto menos, tolerada por el Gobierno de Córdoba, que criminaliza a la juventud y a la población que vive en barriadas populares y de la periferia de la Capital», asevera el duro comunicado.
Y añade: «Una vez más, como en el homicidio calificado de José Antonio Ávila, los policías que allanaron ilegalmente las viviendas en busca de un vehículo robado, y que privaron clandestinamente de su libertad a un adolescente, al que amenazaron con matarlo mientras le apuntaban con sus armas reglamentarias; no dieron aviso a sus superiores. Afortunadamente, la madre de la víctima denunció oportunamente este hecho de violencia institucional –otra vez las madres, como tantas veces en la historia de nuestro país y de nuestra provincia–, y el adolescente apareció con vida».
«En estos casos, como tantos otros, es común que opere el espíritu de cuerpo, donde los uniformados que participaron directamente del hecho, como así también sus encubridores, borran, inventan y alteran pruebas contra su víctima, una práctica habitual en la fuerza que comanda la comisario general Zárate Belletti, pero que viene desde mediados de la década del ’70, en épocas en que Córdoba estaba en manos del genocida Antonio Navarro», continúa.
“Una vez más –se contempla–, la Policía de Córdoba demuestra que es necesario que sus 22.000 efectivos sean formados en materia de Derechos Humanos y civiles; donde se respeten normas constitucionales básicas como la inviolabilidad del domicilio y que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario».
Y cierra: «A 40 años de la recuperación de la democracia, y con casos de violencia institucional muy graves como los asesinatos de Blas Correas y Joaquín Paredes –se está realizando el juicio contra seis policías–, desde APDH Córdoba ratificamos que Nunca Más debe ser tomado como una política de Estado por el Gobierno de Córdoba y no como una frase de cortesía y vacía de contenido sólo recordada los 24 de marzo».