El sistema previsional argentino presenta situaciones sorprendentes.
Existe un régimen general que establece la edad jubilatoria en 60 para las mujeres y 65 para los varones con 30 años de aportes.
Pero, paralelamente, hay casi una centena de regímenes diferenciales que estipulan la jubilación anticipada por motivos de envejecimiento prematuro debido a la rigurosidad de las tareas.
A ello se le agregan los regímenes especiales, que también otorgan tratamientos más beneficiosos.
Y otra excepción lo constituyen las moratorias y las pensiones no contributivas, que son jubilaciones otorgadas sin aportes o con aportes insuficientes.
En función de la proliferación de tratos excepcionales, resulta pertinente preguntarse cuánto representan dentro del total del sistema.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación y otras fuentes complementarias consignadas por el Instituto para el Desarrollos Social Argentino (IDESA), se observa que se pagan 9 millones de jubilaciones y pensiones en el país, de las cuales:
• El 23% fueron otorgadas por el régimen general con la totalidad de los aportes.
• El 55% fueron otorgadas con las moratorias o no contributivas, es decir, sin aportes.
• El 22% fueron otorgadas con un régimen diferencial o especial.
Estos datos muestran que apenas uno de cada cuatro jubilaciones fueron otorgadas aplicando las reglas del régimen general con aportes.
A la mitad de las jubilaciones se accedió sin aportes o con aportes insuficientes y a un cuarto aplicando reglas más ventajosas que la previstas en el régimen general.
Que el régimen general se aplique a una minoría, mientras que la mayoría de los trabajadores acceden a la jubilación a través de diferentes tipos de excepciones, alerta sobre la profundidad del desorden previsional.
Ante esto, IDESA sostiene que los tratamientos especiales –sean por envejecimiento prematuro, en el caso de los regímenes diferenciales, por mérito, en el caso de los regímenes especiales, o sin aportes, como son las moratorias– deberían ser diseñados con transparencia y rigurosidad.
El sistema previsional es una institución muy delicada porque administra derechos que generan pasivos del Estado de largo plazo. Un principio fundamental para preservar la equidad y la sostenibilidad es que todos los trabajadores sean iguales ante la ley previsional.
Entonces, tal como sostiene IDESA, si hay tareas insalubres o de mérito –como docentes, investigadores, jueces, embajadores, viñateros, entre otros– que merecen tratamientos especiales, los desvíos respecto al régimen general deberían ser cubiertos con mecanismos de cobertura complementarios y los costos, actuarialmente calculados, cargados al sector que los genera.