Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley ómnibus que apunta a importantes reformas del Estado en diversas áreas.
En la propuesta se contemplan privatizaciones de 41 empresas públicas: Aerolíneas Argentinas, ARSAT, AySA, Banco de Nación, Casa de la Moneda, Correo Argentino, Fabricaciones Militares, Ferrocarriles Argentinos, Télam e YPF, entre otras.
Incluye cambios en el sistema electoral, con la eliminación de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel y hasta una propuesta para modificar la composición de Diputados y fragmentar al país en muchos distritos electorales.
Además, se revierte la rebaja del impuesto a las ganancias y se suspende la actual fórmula de movilidad que actualiza las jubilaciones y otras prestaciones sociales cada tres meses: los aumentos se realizarán por decreto.
Asimismo, se impulsa una significativa reforma en el derecho familiar. El proyecto propone que para desunir un matrimonio sólo hay que comunicarlo a las autoridades administrativas del Registro Civil, sin la intervención de jueces y abogados.
Entre diversos puntos, se apunta a legalizar la reventa de entradas de eventos deportivos, que actualmente está penalizada, para que deje de tener restricciones y no tenga límite de precios.
La norma autoriza a las universidades a arancelar la educación de extranjeros no residentes. Aparte, establece un examen obligatorio al terminar la escuela secundaria y define que los docentes deberán revalidar sus conocimientos cada cinco años.
Incluye, a su vez, reformas insólitas, como la directiva de que los jueces deberán vestir toga negra y usar un martillo para abrir y cerrar las sesiones.
Contiene varias regresiones en materia ambiental. Modifica la Ley de Bosques, habilitando el desmonte en zonas antes prohibidas y le quita el financiamiento proveniente de las retenciones. Cambia, a su vez, la Ley de Glaciares para permitir la actividad minera en ambientes periglaciares.
Deroga la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda, sancionada para evitar que nuevamente un presidente pueda tomar deuda al FMI sin pasar antes por el Congreso. De aprobarse esta ley, Milei podría endeudarse con organismos extranjeros sin franquear el filtro de las dos cámaras.
Como si fuera poco, deroga la existencia del Instituto Nacional de Discriminación e Igualdad (INADI) y propone reformar el Código Penal con aumento de las penas contra manifestantes, al punto de volverlas no excarcelables.
En la iniciativa que busca ponerle límites a la protesta, surge el absurdo de que si se juntan tres personas o más en el espacio público, deberán pedirle permiso al Ministerio de Seguridad. Además, amplía el abanico de pretextos de los policías para disparar sin preguntar.
Y no solo eso: encabeza la ley ómnibus una declaración de emergencia que pretende que le deleguen a Milei facultades legislativas por dos años y con posibilidad de prórroga, para intervenir sobre cualquier área sin intervención del poder legislativo.