El Concejo Deliberante de Villa Dolores, presidido por el Dr. Roberto Ribeiro, decidió por unanimidad fijar el día martes 25 de abril para analizar documentación enviada por el Departamento Ejecutivo sobre la indemnización a operarios municipales fallecidos en una obra de desagües y en relación a la denuncia que efectuara la intendenta Gloria Pereyra contra su antecesor por irregularidades en obras públicas.
Caso desagües
El cuerpo parlamentario había citado para el jueves 20 de abril a la intendenta con el propósito de que responda a las inquietudes de la Comisión Investigadora conformada por el pleno legislativo por el caso desagües.
El fin era dilucidar la responsabilidad que hubiera tenido la mandataria y funcionarios municipales en el proceso de indemnización de Rolando Norberto Romero y Rubén Damián Altamirano, los dos operarios que perdieron su vida en 2019.
A pesar de la citación, la jefa de Gobierno no asistió al recinto, lo que motivó sendas críticas por parte del bloque de Hacemos por Córdoba, encarnadas en los concejales Christian Casas Cassataro, Luciana Micca y Tomás Gragera.
Al respecto, Casas Cassataro esgrimió: “La intendenta está violando la Carta Orgánica. No la respeta, al no haber asistido para dar explicaciones”.
En la misma línea, Micca enfatizó que “no es un hecho menor que no se haya hecho presente, considerando que la Carta Orgánica en su artículo 72 dice que deber asistir obligatoriamente al recinto cuando es convocada por el cuerpo”.
“Queda claro que no sólo se le ha escondido información a los ciudadanos, sino también que la intendenta se esconde de los representantes del pueblo y se esconde de los vecinos”, subrayó.
Pedido de informe
En lo que atañe, sí ingresó al cuerpo legislativo, aunque de forma extemporánea, documentación relativa a un pedido de informe que la Comisión Investigadora había efectuado sesiones atrás con un plazo de 24 horas.
Se trata de información relacionada a acuerdos y órdenes de pago, gastos de partida, extractos bancarios y constancia de siniestros, entre otras cuestiones, que será abordada por los ediles el próximo martes a partir de las 10 horas.
En este sentido, Gragera sostuvo: “Que no crea la intendenta, ni por asomo, que por haber remitido la documentación de manera extemporánea ha cumplido con la obligación que tenía de venir a dar explicaciones al Concejo Deliberante y, por ende, a la ciudadanía de Villa Dolores”.
Cabe recordar que los trabajadores fallecidos no habrían contado con seguro de riegos de trabajo y, a pesar de ello, una aseguradora habría pagado indemnizaciones por cerca de 15 millones de pesos.
Esto habría motivado una compensación económica por parte del Municipio a la prestataria a través de un convenio confidencial que no tuvo paso por el Tribunal de Cuentas ni el Concejo Deliberante.
Resta ahora que la Comisión Investigadora analice la documentación y proceda a elaborar el dictamen técnico correspondiente, determinando además si le dará intervención a la Justicia.
Obras públicas
También ingresó al Concejo Deliberante documentación relacionada con la denuncia que realizará años atrás la mandataria dolorense contra Juan Pereyra por irregularidades en las obras de cloacas, Palacio Municipal y Terminal de Ómnibus.
Entre el material presentado, se encuentran copias de denuncia penal, auditorias, informes técnicos y pagos al estudio jurídico representante.
De la documentación se conoció que la denuncia se efectuó en la Fiscalía de Instrucción N° 1 de Villa Dolores y que el trámite continuó en el Tribunal Superior de Justicia, el cual resolvió que se aboque el Juzgado de Control de Villa Dolores.
No obstante, a raíz de un conflicto de competencia, la causa se radicó en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Otros temas
Con el fin de sanear una situación de hecho, el parlamento dolorense autorizó por unanimidad al Departamento Ejecutivo a aceptar donación de una fracción de terreno ofrecida por la Sucesión de Juan Manubens Calvet. Se trata de tierras situadas sobre calle 25 de Mayo, entre Pasaje Fátima y calle Félix Basanta, en un espacio de 100 metros que ha estado liberado al uso desde tiempos inmemoriales.
También tuvo luz verde de forma unánime un cambio de titularidad de un inmueble ubicado en barrio Santa Rita. El lote fue adjudicado años atrás por el Departamento Ejecutivo a la vecina Carolina Garay, donde ésta construyó su vivienda. Ahora, con fuerza de ordenanza, se ceden los derechos a la ciudadana Nora Adriana Gez.
De igual manera recibió el voto positivo del pleno legislativo un incremento salarial para personal municipal de planta permanente y contratado, como así también para miembros del Departamento Ejecutivo, Tribunal de Faltas, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. El aumento es de un 25%, en dos tandas: 10% con los haberes de abril y 15% con los sueldos de mayo.
Por otra parte, los ediles aprobaron por unanimidad una prórroga al Convenio de Compromiso de Cooperación suscripto entre el Obispado de Cruz del Eje y la Municipalidad. Mediante este acuerdo, el Gobierno brindará un aporte económico de $138.675 mensuales para el funcionamiento de la Casa de la Caridad, situada en Avenida Belgrano.
Finalmente pasó a cuarto intermedio una solicitud de reducción de la tasa de servicio a la propiedad del vecino Marcelo Durán Lobato, para terreno situado en barrio Porvenir. Motivó la decisión la necesidad de acceso a información concerniente a la situación fáctica del inmueble.