La comunidad educativa de la Escuela PROA de San Pedro, en el Valle de Traslasierra, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación. En las últimas horas se confirmó una notificación oficial que informa que, a partir del ciclo lectivo 2026, se cerrará definitivamente la matrícula para Primer Año “B”, medida que marca el inicio de un progresivo cierre de divisiones de 1° a 5° año “B” en la institución.
La decisión, que depende del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, generó profunda preocupación, incertidumbre y alarma no sólo en la comunidad escolar, sino también en familias de San Pedro y de localidades vecinas que dependen de esta escuela como alternativa real de educación secundaria.
Actualmente, Villa Dolores no cuenta con vacantes disponibles en sus establecimientos secundarios, y muchas familias del interior enfrentan dificultades económicas, sociales y de transporte que les impiden trasladar a sus hijos a otras ciudades. Esta situación coloca a decenas de adolescentes en un escenario de vulnerabilidad educativa concreta.
Según datos de la propia comunidad educativa, en el ciclo lectivo 2025 egresarán alrededor de 100 estudiantes de las escuelas primarias de San Pedro, a los que se suman jóvenes de El Bordo, Los Callejones, La Cortadera, Villa Sarmiento y Sauce Arriba. La pregunta que hoy atraviesa a la región es: ¿dónde continuarán sus estudios?
Desde la institución advierten que el cierre de divisiones no sólo afecta a los estudiantes, sino también al cuerpo docente.
“Estamos con un problema grave en la escuela. Eso implica que docentes queden a disponibilidad y luego deban ser reubicados en otras escuelas. Es una situación compleja y preocupante”, señaló un testimonio recogido en las últimas horas.
La educación es un derecho fundamental en la Argentina, garantizado por la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, que establece que la educación y el conocimiento son un bien público garantizado por el Estado. A su vez, la Constitución Nacional, en su Artículo 14, asegura el derecho de enseñar y aprender.
En el marco del sistema federal, la responsabilidad indelegable de garantizar la educación obligatoria recae en el Estado Provincial. Avanzar en el cierre de la matrícula en una zona sin alternativas reales profundiza las desigualdades y deja a cientos de adolescentes sin una respuesta concreta para sostener sus trayectorias educativas.