La Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Traslasierra mantuvo una reunión clave con el Ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, y la Dra. Alicia Salusso, encargada de asistencia a la víctima de la cartera. Este encuentro, que tuvo lugar en la sede del área gubernamental, sirvió como plataforma para presentar demandas urgentes de la comunidad de Traslasierra en cuanto a los derechos humanos y la protección de las víctimas.
Durante la reunión, se planteó la imperiosa necesidad de crear en Traslasierra una fiscalía especializada en la lucha contra delitos complejos, que abarque no solamente los problemas cotidianos como abusos sexuales y violencia de género, sino también casos de desapariciones de personas y delitos de “cuello blanco”. La propuesta busca fortalecer el acceso a la justicia y garantizar que las investigaciones de estos delitos sean tratadas con la seriedad que requieren.
El letrado apoderado de la Comisión de Derechos Humanos, Dr. Romero Marcón, subrayó la importancia de que la persona al frente de esta nueva fiscalía sea ajena al ámbito local. Esta decisión tiene como objetivo evitar compromisos sociales que puedan obstaculizar el funcionamiento neutral y efectivo de la institución, asegurando así un enfoque profesional y desapasionado hacia cada caso.
Además de la creación de la fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos se comprometió a trabajar en colaboración con la Dra. Salusso para establecer una oficina de asistencia a la víctima en el Valle de Traslasierra. Esta oficina dependería del Ministerio de Justicia de la Provincia y tiene como propósito paliar la actual situación de indefensión que enfrentan las víctimas en la región. La falta de recursos y apoyo específico para quienes han sufrido delitos ha sido una constante preocupación para la comunidad, y la creación de esta oficina podría marcar un hito en el proceso de recuperación y búsqueda de justicia.
Finalmente, se acordaron futuras reuniones en la sede del Ministerio con el próximo procurador general de Córdoba, quien asumirá en reemplazo del actual procurador delgado. Estas reuniones son vitales para concretar los proyectos previstos para la región y dar seguimiento a las demandas planteadas por la Comisión de Derechos Humanos.