El crecimiento sostenido de grupos que entrenan en corredores provinciales abrió una discusión que en Traslasierra dejó de ser teórica tras la muerte de Matías Prinotti. Especialistas advierten que la normativa vigente quedó desactualizada frente a una práctica masiva que exige infraestructura y planificación.
La escena se volvió parte del paisaje cordobés. En las primeras horas de la mañana o al caer la tarde, grupos numerosos de ciclistas avanzan por rutas provinciales en formación compacta. Cascos, indumentaria técnica, bicicletas de alto rendimiento. Lo que antes era un hábito minoritario hoy se transformó en práctica extendida. Y con ese crecimiento llegó la controversia.
La normativa provincial promueve la movilidad sustentable y reconoce derechos a quienes utilizan la bicicleta, pero fija límites concretos. Está prohibida la circulación por autopistas y autovías. En rutas convencionales, en cambio, no existe una prohibición expresa, aunque sí condiciones estrictas: casco obligatorio, elementos reflectivos, luces reglamentarias y cumplimiento pleno de las normas de tránsito.
El abogado especialista en tránsito Horacio Bernaus advirtió ante el diario Perfil que la legislación vigente “es del siglo pasado” y fue concebida cuando el ciclismo en rutas era excepcional y no masivo como ocurre en la actualidad.
“La normativa en áreas urbanas de la provincia y de la nación es que los ciclistas no pueden circular por autopista y autovías”, explicó. Sin embargo, señaló una contradicción: una bicicleta puede estar habilitada para transitar por una ruta sinuosa, con curvas cerradas y banquinas reducidas, pero no por una autovía con mejor visibilidad y mayor previsibilidad de maniobras. “Desde el punto de vista de la seguridad, lo que se tiene que disminuir son los riesgos”, sostuvo.
El planteo técnico adquiere en Traslasierra una dimensión humana. Hace dos semanas, la muerte de Matías Prinotti en la Ruta Provincial 14 reabrió una herida que la comunidad ya conocía. En 2017, en la misma traza, había fallecido Mario Hugo Torres. Dos tragedias separadas por años de dos ciclistas oriundos de Villa Dolores, un mismo escenario: una ruta pensada para vehículos motorizados que hoy también es elegida para entrenar.
La discusión no es binaria. No se trata de oponer ciclistas contra automovilistas ni de desalentar una práctica saludable y sustentable. La bicicleta no es un intruso en el espacio público; es un medio de transporte reconocido por la ley. Pero la realidad demuestra que no todos los actores del tránsito enfrentan el mismo nivel de exposición. En una colisión, la fragilidad siempre recae del mismo lado.
Bernaus fue claro en ese punto: el desafío no pasa por prohibir sino por planificar. “La gente cree que la ciclovía es pintar una línea y que los autos vayan por allá y acá las bicicletas”, señaló, al advertir que la infraestructura requiere estudios técnicos, señalización específica, banquinas seguras y criterios de diseño acordes al volumen actual de usuarios.
Mientras esa transformación estructural no llegue, la convivencia depende de conductas concretas: reducir la velocidad, respetar la distancia lateral mínima, circular en fila india, evitar horarios de baja visibilidad, anticipar maniobras… Son gestos simples que pueden marcar la diferencia entre un entrenamiento más y una tragedia.
El debate, en definitiva, excede la legalidad formal. La pregunta no es únicamente si los ciclistas pueden circular por rutas provinciales. La pregunta es si el sistema vial está preparado para integrarlos sin que cada salida implique un riesgo latente. En las rutas del valle, donde el asfalto ya guarda nombres propios, la respuesta no admite demoras.