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CASO MAXIM: El INADI solicita pabellón LGTBI+

El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) resolvió acompañar un habeas corpus colectivo presentado por la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, pidiendo celda o pabellón para el colectivo LGTBI+ en las cárceles de la provincia de Córdoba, tras el caso Maxim, suscitado en Villa Dolores.

En un escrito fechado el 8 de noviembre, Emiliano Montini, director de Asuntos Jurídicos del INADI; y Analía Mariel Mas, asesora legal y especialista en Derecho de la Mujer, Género y Diversidad del INADI, ambos con el patrocinio letrado de la abogada Samanta Funes; expresan su preocupación y solicitan atención en el marco del habeas corpus colectivo, en trámite ante el Juzgado de Control de Villa Dolores.

El caso

Maxim Tabaris, de 28 años y oriunda de Villa Sarmiento, fue detenida semanas atrás por la Policía y quedó “a disposición de la Fiscalía de Primera Nominación de Villa Dolores, por los delitos de violación de domicilio, amenazas y daño a un vehículo”, de acuerdo a lo detallado por la fuerza de seguridad en su parte policial.

Según expusieron públicamente organizaciones sociales y de derechos humanos, Maxim estaba en la casa de una amiga cuando un individuo (conocido de la casa) la agredió verbalmente por su identidad de género. A diferencia de lo informado en el parte de prensa policial, denunciaron que en el caso hubo «transfobia» y plantearon que Maxim «no le pegó, ni lo amenazó, ni entró a ningún domicilio sin permiso”.

La cárcel

El 26 de octubre, Maxim recuperó la libertad tras haber estado detenida en el Establecimiento Penitenciario N° 8 de Villa Dolores.

Como esta cárcel y quizá muchas otras no tienen celdas o pabellones para personas trans, a Maxim se le dio a elegir si quería estar en el pabellón de varones o en el de mujeres. En el de mujeres hay un cupo de ocho personas, que estaba completo, razón por la cual “eligió” el pabellón de varones, porque la otra opción era Bower.

Sin protocolo

En este marco, el INADI advierte que “no existe en el Servicio Penitenciario de Córdoba reglamentación, protocolo y/o disposición particular en referencia al alojamiento de personas pertenecientes al colectivo LGBTIQ+”.

Para el INADI, tras el caso Maxim, se está “frente a una situación que afecta severamente el derecho de una persona a ser tratada de acuerdo con su identidad de género, y sobre todo, en ámbitos carcelarios”.

Por ello, el Instituto solicita al Tribunal que “arbitre los medios necesarios a su alcance a los fines de instar a los poderes del Estado de Córdoba, a tomar las medidas que aseguren el ejercicio eficaz de los derechos de todas las personas LGBTI+ privadas de la libertad, alojadas en la provincia”.

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