La expansión de Almarai–Fondomonte en Córdoba reactivó un debate que la provincia aún no salda: mientras el sector productivo celebra una nueva planta deshidratadora de alfalfa, en Traslasierra resurgen las dudas sobre el uso intensivo del agua, los controles ambientales y los beneficios reales que dejan estas inversiones extranjeras en los territorios donde operan.
El anuncio de que la empresa saudí Almarai–Fondomonte instalará una nueva planta deshidratadora y de prensado de alfalfa en la provincia, generó entusiasmo en el sector productivo y, al mismo tiempo, volvió a encender alarmas ambientales en la región de Traslasierra, donde la compañía ya opera desde hace varios años. La novedad se conoció durante la Plenaria Anual del Clúster de Alfalfa (PACA) 2025, celebrada recientemente en Córdoba.
Una expansión industrial que busca completar la cadena
Fabián Russo, presidente de PACA, fue quien confirmó la inversión ante los productores reunidos en el encuentro anual. Según lo publicado por AgroVerdad, la segunda planta saudí representa una “pata industrial” largamente esperada por el clúster, ya que amplía la capacidad de secado, prensado y acondicionamiento de megafardos, un eslabón clave para la exportación.
La nueva instalación replicará en parte el modelo que la compañía ya opera en San Vicente, en jurisdicción del Departamento San Javier, cerca de Villa Dolores. Allí, Fondomonte produce alfalfa bajo riego en campos propios y procesa la materia prima en una planta de grandes dimensiones equipada con tecnología de la firma española Apisa. El sistema incluye corte, preoreo de 48 horas, secado controlado en tromel a partir de una humedad de entre 30% y 35%, y compactado final en megafardos uniformes dirigidos al mercado saudí.
Lo distintivo de la planta anunciada para Tránsito es que, a diferencia de San Vicente, no contará con campos propios. La compañía necesitará abastecerse de la producción alfalfera de productores de la región, abriendo una oportunidad comercial para establecimientos medianos y pequeños. “La empresa tiene una exigencia altísima en calidad porque todo es para exportación. Es una gran noticia no solo para los socios del clúster sino también para productores que no forman parte de PACA”, explicó Russo.
Desde el sector industrial celebran el incremento de actividad logística, de transporte y mano de obra que generaría la nueva planta, así como el fortalecimiento de la cadena alfalfera cordobesa, hoy una de las más desarrolladas del país.
El contraste: cuestionamientos ambientales en Traslasierra
La expansión de Fondomonte vuelve a colocar en agenda un debate sensible para el Valle de Traslasierra: el uso intensivo del agua y los impactos de una actividad orientada casi exclusivamente a la exportación.
Mientras la empresa avanza en Córdoba, en Arizona —donde también operaba— se cancelaron sus concesiones hídricas debido al uso irresponsable del agua en una región de estrés hídrico. Ese antecedente resuena en Traslasierra, donde vecinos, organizaciones ambientales y autoridades locales han señalado la falta de controles efectivos sobre la extracción de agua del acuífero.
Se estima que la operación de Fondomonte en San Vicente demanda más de 24 mil millones de litros de agua al año, volumen que inquieta en un valle donde los recursos hídricos sostienen la agricultura familiar, el turismo y la vida cotidiana de miles de habitantes.
A pesar de las promesas iniciales de inversión, empleo y desarrollo, los beneficios comunitarios siguen siendo difusos. La totalidad de la producción se exporta a Arabia Saudita y el dinero generado no se traduce en mejoras visibles para la región, mientras que el uso intensivo del agua continúa sin un plan claro de compensación o monitoreo.
Un llamado a equilibrar desarrollo y sostenibilidad
El anuncio de la segunda planta abre nuevas preguntas para Córdoba: ¿Cómo compatibilizar inversiones productivas de escala global con la realidad hídrica de las comunidades locales? ¿Quién controla el impacto ambiental? ¿Cuáles son los beneficios reales para los territorios donde se instalan estas empresas?
El desafío no es menor. La región necesita desarrollo y empleo, pero también requiere proteger sus recursos estratégicos. Sin agua no hay alfalfa, pero tampoco hay agricultura local, turismo ni futuro para las familias del valle.
Las autoridades municipales, provinciales y los organismos de control aparecen ahora ante una oportunidad —y una responsabilidad—: garantizar que el crecimiento industrial no comprometa los equilibrios naturales ni profundice desigualdades. El desembarco de capitales saudíes vuelve a colocar sobre la mesa una discusión urgente. Desarrollo sí, pero con reglas claras, control efectivo y sostenibilidad real.