Los querellantes cuestionaron la postura de la Provincia y la reconstrucción del choque planteada por la defensa. La discusión civil incorpora reclamos por más de $11.700 millones y una actualización que, según una presentación de la defensa, elevaría la cifra por encima de los $78.500 millones. El futuro de la asistencia para Alexa Miranda aparece como una de las principales preocupaciones.
A pocas semanas de que el juez Santiago Camogli dé a conocer su decisión en el juicio contra el exlegislador Oscar González por el siniestro ocurrido en las Altas Cumbres, las cuestiones civiles volvieron a ocupar un lugar relevante dentro del proceso.
Los abogados querellantes Germán Romero Marcón y Emiliano Binante cuestionaron tanto la postura asumida por la Provincia de Córdoba como la reconstrucción de la mecánica del choque sostenida por la defensa. También plantearon una preocupación vinculada con el futuro de Alexa Miranda, quien sufrió graves secuelas tras el impacto.
Las demandas civiles, tramitadas ante la Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, fueron promovidas por Alexa Miranda, Marina Szulewicz y Vera Szulewicz. En conjunto, fueron iniciadas por $11.776 millones. Sin embargo, una presentación efectuada por la defensa de González planteó una actualización que llevaría el monto global por encima de los $78.500 millones.
Los querellantes aclararon que esa última cifra no constituye, según su interpretación, el monto definitivo de las acciones. Explicaron que las actoras efectuaron una estimación de los daños y que será la Cámara la que determine, eventualmente, qué conceptos reconoce y por qué suma.
El costo de una vida atravesada por las secuelas
La discusión económica adquiere otra dimensión cuando se incorporan las necesidades futuras de Alexa. Romero Marcón señaló que la joven requiere asistencia permanente, con dos enfermeras que se alternan durante las 24 horas, además de atención médica y cuidados derivados de las lesiones sufridas.
El abogado sostuvo que durante el juicio también se acreditaron consecuencias sobre su proyecto de vida, entre ellas la imposibilidad de ser madre, y que los reclamos comprenden daño moral y gastos médicos y asistenciales.
La pregunta planteada por la querella excede, de este modo, la indemnización por los perjuicios ya producidos: apunta a determinar quién deberá afrontar los costos que se prolonguen durante el resto de la vida de la joven.
Provincia y defensa, con posiciones cuestionadas por la querella
La Provincia de Córdoba interviene como codemandada debido a que González conducía un vehículo oficial. Según la información incorporada al proceso, el Estado provincial solicitó el rechazo de las demandas y atribuyó la responsabilidad por el siniestro a Alejandra Bengoa, conductora del Renault Sandero.
Como planteo subsidiario, pidió que, si se estableciera responsabilidad compartida, la distribución fuera de un 75 por ciento para Bengoa y un 25 por ciento para González.
Los querellantes cuestionaron esa posición y señalaron una coincidencia con la estrategia defensiva del exlegislador, que pidió su absolución y atribuyó relevancia a una maniobra de sobrepaso del Sandero.
La mecánica del accidente constituye otro de los puntos de disputa. La defensa sostiene que el Renault habría invadido el carril contrario. Los querellantes, en cambio, sostienen que el peritaje oficial ubica el impacto sobre el carril correspondiente al Sandero y rechazan esa reconstrucción.
El planteo penal y el escenario que viene
En el plano penal, la querella mantiene su planteo de homicidio simple con dolo eventual y anticipó que recurrirá ante una instancia superior si la decisión no contempla esa interpretación. La Fiscalía acusó por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas y pidió tres años y diez meses de prisión efectiva. La querella reclamó diez años y, subsidiariamente, seis años por culpa temeraria. La defensa pidió la absolución.
El juicio comenzó el 3 de agosto y atravesó testimonios, pericias y alegatos. El 20 de octubre de 2026, Camogli deberá dar a conocer su decisión sobre la situación de González y resolver las cuestiones civiles que permanecen en discusión.
Mientras se aproxima esa instancia, la querella coloca el foco en una cuestión concreta: cómo quedarán garantizados los recursos necesarios para atender las necesidades futuras de Alexa y cuál será la responsabilidad que eventualmente corresponda a cada una de las partes.
• Por Mauro Tello